Una querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas contra los responsables del centro de menores Puerto Bello, en Gran Canaria, revela las posibles agresiones que sufrieron los migrantes en el recurso. Hace un año, en junio de 2021, una denuncia anónima advertía de posibles abusos sexuales a menores y casos de explotación sexual y prostitución entre los usuarios y con personas ajenas al recurso. La querella, firmada por la fiscal jefa Beatriz Sánchez , ha sido presentada por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos delitos leves de lesiones.
El Gobierno de Canarias tramitó de emergencia la contratación del dispositivo de Puerto Bello, gestionado por la Fundación Siglo XXI, para hacer frente a la continua llegada de niños y niñas no acompañados en pateras a las Islas. Este centro abrió en Mogán con capacidad para 170 personas. Sin embargo, el tapón en las pruebas de determinación de la edad y la intensidad de las llegadas hicieron que la media de usuarios no bajara de 180 y 190. En muchas ocasiones, se mezclaban niños con adultos. “En ocasiones los menores tenían que dormir en colchones en el suelo”, reza el escrito de la Fiscalía.
Aunque la ocupación rozaba las 200 personas, solo había cinco educadores. Además, el personal estaba integrado por un director, un subdirector, 55 auxiliares, un administrativo, tres trabajadores sociales, tres personas para la limpieza y un mantenimiento. La comida se suministraba mediante un servicio de catering.
La Fiscalía de Las Palmas, en la querella, señala que el personal era “claramente insuficiente” y “en su gran mayoría” carecían de preparación para la atención de los menores. No tenían formación específica en el sector, sino que procedían de otras actividades económicas como la agricultura, la peluquería o la hostelería. Además, tampoco se les exigió el certificado de delitos de naturaleza sexual. “Habían sido contratados para la mera vigilancia de los menores, sin que pudieran por ello implicarse en los proyectos educativos de los menores”.
Golpes e intimidación
La denuncia anónima de los trabajadores advertía de agresiones físicas y psicológicas a los menores de Puerto Bello. Así lo ha confirmado la Fiscalía de Las Palmas. “Un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación sufrida para que no hablara tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo”, recoge la querella.
En otro caso, dos trabajadores entraron en la habitación de un migrante para golpearle y quitarle una shisha que tenía y de la que no podía hacer uso. En ninguno de los casos, de acuerdo con el documento, fueron trasladados a un centro de salud. Por otra parte, las sospechas de abuso y explotación sexual nunca fueron comunicadas a ninguna autoridad competente, pero sí al director y al subdirector que hicieron “caso omiso”.
Según el personal, los empleados realizaban “contenciones físicas desproporcionadas” en las que los auxiliares colocaban la rodilla sobre el cuello de los migrantes. Tal y como recogieron los trabajadores en su denuncia, algunas personas contratadas también trataban de intimidar a los jóvenes “realizando golpes violentos contra la pared con un palo de madera, insultos de manera continuada y vejatoria a los menores, haciendo referencia a su origen, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual”.
La saturación del centro y la escasa atención que recibían los menores condujo a situaciones de peleas, amenazas, hurtos, drogas, alcohol, fugas, autolesiones entre los usuarios y falta de limpieza en las habitaciones. La Fiscalía también detectó carencias en el suministro de medicamentos y falta de atención sanitaria a las personas con enfermedades mentales.
La denuncia anónima de los trabajadores que impulsó esta investigación fue enviada a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Mogán. La corporación municipal llevó el caso a la Fiscalía y el Ejecutivo autonómico inició un proceso de investigación e inspección en el centro.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, meses antes de llevar la denuncia de los trabajadores a la Fiscalía, había amenazado con altas sanciones a los dueños de los apartamentos de su municipio que cedieran sus espacios como centros de acogida. Como respuesta, el Gobierno canario blindó el uso de hoteles, apartamentos y cualquier otro tipo de dispositivo de emergencia habilitado para asistir a menores llegados por vía marítima.
En julio de 2021, los apartamentos fueron desalojados y las personas fueron reubicadas en otros espacios de la comunidad autónoma.