El Gobierno de Canarias investiga supuestos casos de explotación sexual en un centro de menores migrantes de Gran Canaria

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha iniciado un proceso de investigación e inspección en un centro de menores extranjeros no acompañados del sur de Gran Canaria. El área que dirige Noemí Santana ha tomado esta decisión a raíz de una denuncia anónima de los trabajadores recibida mediante un correo electrónico que aseguraba que en este recurso se han producido abusos sexuales y que se han dado también casos de explotación sexual a menores ''dentro y fuera'' del establecimiento. Este mensaje sin firma también fue enviado al Ayuntamiento de Mogán, dirigido por Onalia Bueno.

De acuerdo con este documento, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, a principios de marzo una trabajadora informó de que un menor había sufrido “repetidas agresiones sexuales por parte de dos usuarios” que, según los trabajadores, eran mayores de edad y estaba pendiente su derivación a un recurso para adultos. Además, la trabajadora comunicó a los educadores que existían vídeos de las agresiones y que algunos compañeros del turno de noche tenían estas imágenes en sus móviles. Según los empleados, el menor se fugó del recinto para esquivar estos abusos y evitar las burlas que sufría por parte de otros usuarios.

La dirección “comunicó que se haría cargo de todo ello”, pero los trabajadores que enviaron la denuncia defienden que “a día de hoy” no se ha interpuesto ninguna denuncia y el menor sigue fugado. “A pesar de que la dirección tiene información de su paradero no han hecho nada para intentar ayudarle”, reza la carta.

El texto también asegura que al menos tres menores del centro habían ejercido la prostitución, en el interior con otros menores y también fuera, con personas mayores de edad. “La dirección tiene constancia [...] y no han realizado ninguna intervención con los menores ni informado de ello a las autoridades'', aseguran los trabajadores.

Asimismo, denuncian que la dirección se ha negado a solicitar pruebas diagnósticas de enfermedades de transmisión sexual a los menores, pese a ser conocedores de que “muchos han mantenido relaciones sexuales de riesgo y sin protección”.

Agresiones físicas

El personal ha denunciado asimismo agresiones físicas a los migrantes acogidos por parte de algunos empleados, con ''contenciones físicas desproporcionadas en las que los auxiliares colocaban la rodilla sobre el cuello de los usuarios''. También se han dado casos, según los trabajadores, de “intimidación de los menores realizando golpes violentos contra la pared con un palo de madera por parte de un auxiliar, insultos de manera continuada y vejatoria a los menores, haciendo referencia a su origen, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual''.

“Algunos auxiliares despiertan a los menores con gritos e insultos, utilizando linternas de luz blanca proyectada directamente sobre los ojos e incluso arrojándoles agua”, añaden. Según el escrito, todas estas situaciones y otras muchas son conocidas por los directores, que no han tomado medidas. “Cuando los menores han solicitado interponer denuncias contra dichos trabajadores, la dirección ha presionado para disuadirlos de su intención''.

Carencias sanitarias

Los menores han estado viviendo “en pésimas condiciones”. “Las habitaciones están al doble de su ocupación, se producen reiterados cortes en el sistema eléctrico, averías en el calentamiento de agua corriente, las mantas y prendas son insuficientes y faltan productos de higiene”.

La denuncia asegura que sigue sin existir protocolo COVID después de seis meses en funcionamiento y tampoco habitaciones de confinamiento para posibles positivos. “Debido a la mala organización del centro no se ha podido dar cabida a todas las necesidades medicas de los menores, existiendo casos de menores que no han recibido atención medica durante semanas a pesar de ser realmente necesario''. Según los trabajadores, existe un descontrol en la medicación de los menores: ”Ha desaparecido medicación psiquiátrica“.

El Gobierno de Canarias ha decidido adelantar el cierre del centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. “A mediados de julio estará cerrado”, aseguran fuentes de Derechos Sociales. Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán ha señalado en algunos medios locales que trasladará el caso a la Fiscalía del Menor.

La Fiscalía, a través de la Sección de Menores, ya ha citado a declarar este mismo martes al responsable del centro de acogida de menores. Según ha informado Efe, la portavoz y fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, esta declaración se acuerda en virtud de la responsabilidad que les compete en materia de protección del menor y a partir del expediente de incidencias no penales que ya se disponía del centro, sin perjuicio de que en los próximos días se cite al resto del personal que trabaja con estos menores.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha pedido ''prudencia y respeto''. ''A esta Consejería no le va a temblar el pulso para actuar con contundencia si se demuestran los hechos delictivos'', sentenció.

En este contexto, la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha aprovechado para lanzar un comunicado que vuelve a vincular la inmigración con la caída turística, exigiendo el cierre de este complejo. El discurso que relaciona la caída del turismo con el fenómeno migratorio comenzó a emplearse a finales de 2020, cuando empezaron a utilizarse establecimientos turísticos cerrados por la pandemia de COVID-19 como centros de acogida ante la falta de una red estable de establecimientos. En noviembre, el Ayuntamiento de Mogán amenazó con abrir expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros que siguieran funcionando como recursos humanitarios en 2021.

Onalia Bueno puso como fecha límite el 31 de diciembre. Sin embargo, el 27 de noviembre la alcaldesa levantó un acta de denuncia de inspección urbanística a los dos apartamentos del sur de Gran Canaria que alojaban entonces menores. Como respuesta, el Gobierno canario blindó el uso de hoteles, apartamentos y cualquier otro tipo de dispositivo de emergencia habilitado para alojar a menores que llegaron a las islas solos en pateras y cayucos.