El Gobierno canario (CC-PP) exige al Estado que obligue a las comunidades a acoger a los menores migrantes

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PP, ha exigido este miércoles al Ejecutivo central que aplique el Decreto Ley que modifica la Ley de Extranjería para la acogida de los niños y adolescentes migrantes que llegan al país sin ningún adulto que los acompañe (que está en vigor desde el 18 de marzo pese al voto en contra de Vox y el PP) y que obligue a las comunidades autónomas a su cumplimiento, así como que el Estado asuma la tutela de los 1.200 menores en Canarias solicitantes de asilo político.

En el Consejo de Gobierno de este miércoles, se ha autorizado a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que respalden al Estado en la defensa de la aplicación de ese decreto, ante los recursos presentados por las comunidades de Madrid y de Aragón, gobernadas por el PP, que en ningún caso son suspensivos, o ante la negativa de esta última comunidad a facilitar información sobre a cuántos menores tiene acogidos, como exige la ley.

Esta personación obedece a que la Comunidad Autónoma de Canarias se siente perjudicada por las actuaciones contra el decreto, porque afectan a sus competencias, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, quien ha insistido en que el archipiélago está en situación “desesperada y excepcional” al tener que hacerse cargo en solitario de 5.600 menores.

Con la aplicación del decreto se prevé que unos 4.000 menores abandonen las Islas para ser reubicados en centros de las distintas comunidades autónomas en función de diferentes criterios, como población o personas ya acogidas. Sin embargo algunas de ellas, gobernadas por el PP, han puesto objeciones.