El Gobierno de Canarias ha hecho público este jueves el protocolo de recepción de menores migrantes que aplicará a partir de ahora para atender a todos los niños llegados en pateras y cayucos al Archipiélago. La instrucción, que es vinculante, obliga a los menores a pasar por una serie de trámites que antes no eran necesarios, lo que ralentizará su entrada al sistema de protección en pleno flujo migratorio.
El Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), continúa así su pulso con el Estado por el reparto obligatorio de los niños extranjeros no acompañados. En la resolución, firmada por la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias, el Gobierno autonómico afirma que los menores no están “desamparados”, sino que es el Estado, que ostenta las labores internacionales de rescate, el que ha ya ofrecido una “atención inmediata” a los mismos.
El protocolo de Canarias se centra, por lo tanto, en la “necesaria ordenación” de la recepción de los niños, porque hasta ahora, según considera, ha ocurrido todo lo contrario, “sin que medie un control directo” de la Comunidad Autónoma ni de otras instituciones, como puede ser el propio Estado o el Ministerio Fiscal.
El acogimiento de un menor migrante por parte de Canarias requerirá de su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RMENA) si constase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del Estado, previa audiencia del menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento de un fiscal.
Hasta el momento, dice el Ejecutivo canario, los menores simplemente eran entregados por la Policía Nacional a las ONG encargadas de su acogida mediante un listado o acta, una especie de “entrega grupal” en la que no aparecen bien identificados, lo que ha provocado la “confusión de identidades” entre ellos.
Ahora, aparte de esos tres documentos exigidos (reseña de identificación, inscripción en RMENA y resolución estatal), la Administración General del Estado deberá comunicar al Gobierno de Canarias la existencia de un menor migrante no acompañado “en condiciones de ser entregado” y es entonces cuando el Ejecutivo regional tendrá que “verificar” la disponibilidad de plazas en los centros de acogida. Solo cuando la hubiera, el niño pasará a ser atendido en una instalación por el estilo.
Además, en ese acto de entrega, que “deberá ser ante policía autonómico o, por razones justificadas, ante funcionario público autonómico habilitado”, quienes trasladen al menor tendrán que aportar documentación individualizada de este, como las circunstancias en las que fue hallado (salvamento en el mar, llegada a puerto o playa, localización en algún otro sitio) y “cuantos datos sean necesarios”. Toda la información deberá ser comprobada por el policía autonómico presente.
La que fuera directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, Iratxe Serrano, ha criticado el protocolo aprobado desde su cuenta de la red social X, antes Twitter. Para ella, la aplicación de esta instrucción “sería fantástica” si el número de llegadas a Canarias fuera ínfimo. Sin embargo, las Islas cuentan con más de 5.300 menores en sus recursos sociales y esperan más en los próximos meses, por lo que aumentar la burocracia no parece ser la mejor idea, sugiere.
“¿Cuántos de estos requisitos son realmente esenciales en una situación de urgencia? La verificación de identidad, la reseña policial y la información de circunstancias individuales son importantes, pero ¿hasta qué punto se priorizarían frente a la protección inmediata del menor?”, se pregunta Serrano.
La exalto cargo del Ejecutivo regional, cuando este estaba liderado por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), considera que “en un escenario de emergencia” como el actual, la protección debería ir antes que la burocracia. Y que “en lugar de esperar” a que se resuelven todos los trámites, la acogida tendría que ser inmediata.
“Cuestionar si toda la información es indispensable antes de brindar protección carga al menor con un proceso de entrevistas y comprobaciones en un contexto de vulnerabilidad, lo que, a todas luces, parece poco práctico y, en ocasiones, inhumano”, insiste.
Serrano cree que mientras el papeleo de los menores no se resuelva, estos se encontrarán ahora en un “limbo” entre los puertos a los que llegan, donde el Ejecutivo planea instalar carpas, y la “protección real”. “Porque claro, cuando la realidad te desborda, siempre es mejor poner más burocracia”, ironiza.
“La protección de la infancia migrante no puede esperar a que los trámites sean tan exquisitos como el protocolo sugiere y menos aún cuando está declarada la emergencia”, remacha Serrano.
La publicación de este protocolo llega después de que se produjera un incidente en El Hierro, donde la falta de plazas en los centros de acogida de menores migrantes llevó al presidente canario, Fernando Clavijo (CC), a anunciar la toma de medidas legales y adelantar que, de ahora en adelante, el Gobierno regional entiende que un menor rescatado por Salvamento y entregado a la Policía “no está abandonado ni desamparado, sino bajo custodia del Estado”, por lo que no le compete directamente su acogida.
En caso de ser entregado al Ejecutivo canario, debe cumplirse este protocolo, vigente desde este mismo jueves.