El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se toma razón, como establece la Ley de Contratos del Sector Público, de la declaración de emergencia para la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos de embarcaciones de inmigrantes en situación irregular interceptadas en el litoral de las Islas Canarias, que se encargará a la empresa pública TRAGSA, por importe de 5.278.000 euros.
Durante los últimos años, explica el Gobierno central, se está registrando en el archipiélago canario la llegada y acumulación de embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular. En muchos casos, añade, dicha acumulación “está obstaculizando gravemente el tránsito de los barcos en los puertos de las islas, impidiendo el normal desarrollo de su actividad y con un grave peligro para la entrada y salida de los mismos”. Por ello, incide, “resulta urgente la necesidad de acometer el desmontaje de las citadas embarcaciones acumuladas y, a su vez, trasladar todos los materiales resultantes a un gestor de residuos autorizado”.
La diversidad de materiales que conforman estas embarcaciones, fundamentalmente fibra de vidrio, requiere asimismo de la adopción de distintos procesos de recogida y transporte por parte del centro gestor autorizado de residuos, detalla el Gobierno.
El Ejecutivo explica que se realizarán varias actividades respecto a estas embarcaciones, que incluyen la identificación, selección y clasificación de las barcazas a destruir (residuos); así como su izado, predestrucción, carga y descarga; el transporte hasta el gestor autorizado de residuos; y la entrega de los residuos al centro gestor para su destrucción final.