La Guardia Civil investiga a cinco trabajadores por coaccionar a menores en un centro de acogida de Lanzarote
La Guardia Civil ha abierto una investigación contra cinco trabajadores del centro de menores migrantes no acompañados de La Santa por supuestas amenazas y coacciones a los usuarios. Las autoridades han tenido conocimiento de los hechos tras una denuncia presentada en las dependencias de San Bartolomé por uno de los menores acogidos en el recurso. El joven aseguraba que estaba siendo coaccionado por al menos cuatro auxiliares educativos. Según ha informado la Guardia Civil, los trabajadores obligaban a los jóvenes a cometer actos vandálicos y a desobedecer las normas del centro con el objetivo de desestabilizar la organización del dispositivo. Si no cumplían con sus exigencias, amenazaban a los migrantes con retrasar la tramitación de su documentación de residencia legal en España.
El propósito de los educadores era sabotear la labor de la nueva dirección. Según informa la Guardia Civil, el nuevo equipo directivo impulsó una serie de cambios que limitaban conductas que se permitían a los trabajadores en el mandato anterior, relacionadas con prácticas abusivas con los menores, el uso de los recursos del centro sin control ni supervisión así como la delegación de competencias a los empleados por encima de su capacitación profesional. Entre los investigados hay cuatro auxiliares educativos y el director anterior del centro, por ''haberse cometido este tipo de abusos sobre los menores durante su dirección y ser conocedor de los mismos sin haberlo puesto en conocimiento de las autoridades''.
El dispositivo estaba gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Ahora, la entidad responsable es la Fundación Para El Estudio Y Promoción De La Acción Social (FEPAS). La investigación de la Guardia Civil ha evidenciado que algunos episodios que han tenido lugar en los últimos meses, como la quema de colchones en el albergue, fueron promovidos por los propios trabajadores del recurso. Además de los incendios, otros actos delictivos impulsados por los auxiliares educativos fueron daños en el mobiliario del centro, en los coches particulares de otros trabajadores, robos en las oficinas, hurtos y amenazas.
Si los menores no accedían a estas coacciones, los investigados amenazaban con la limitación arbitraria de sus salidas, de las actividades de ocio, el cobro de la paga semanal y les hacían creer que los trabajadores podían retrasar la tramitación de su documentación para obtener la residencia legal en el país. De las indagaciones realizadas por la Guardia Civil se desprende que al menos cinco menores en total sufrieron estas amenazas y coacciones dentro del recurso. El resultado de la investigación ha sido puesto a disposición judicial del juzgado de guardia de Arrecife, informa la Benemérita.
El albergue de La Santa
El albergue de La Santa protagonizó hace pocos meses otra polémica. Después de que se viralizara un vídeo de un enfrentamiento entre un adulto y dos jóvenes migrantes en una guagua, el Cabildo de Lanzarote decidió que los menores no acompañados no utilizaran el transporte público ''por su seguridad''. La medida fue descrita por la Red de Solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote como ''discriminatoria y arbitraria''. La corporación insular acordó con la directiva del centro que los desplazamientos se realizaran en vehículos de la entidad y que cuando fuera necesario usar el transporte público lo hicieran acompañados por un monitor.
El vídeo que motivó la decisión muestra cómo un hombre se dirige a los menores preguntándoles por sus nombres y apellidos, mientras que él dice los suyos haciendo referencia a la diferencia de la nacionalidad. “Eres muy racista”, respondió uno de los jóvenes. El conflicto terminó con una pelea entre dos menores y el adulto, que terminó saliendo de la guagua.
Un antiguo directivo de este albergue también fue investigado en el caso Siglo XXI, en el que la Fiscalía Anticorrupción investigó a cinco responsables de centros de Gran Canaria y Lanzarote por indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió 12 millones de euros de dinero público para integrar y acoger a los menores, pero parte de este dinero nunca llegó a los migrantes y acabó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar.
El albergue de La Santa obtuvo entre 2018 y 2021 un total de 6.077.055,20 euros de dinero público. En la cuenta bancaria del exdirector se ingresaron 545.014,44 euros. El 53% de los ingresos fueron extraídos directamente en efectivo, es decir, 290.380 euros. Entre los pagos que se realizaron con esta tarjeta destaca el gasto para alquilar coches de la empresa Cabrera Medina. Según los datos facilitados a la Fiscalía por esta compañía, el centro de menores de La Santa gastó entre 2019 y 2021 un total de 77.312 euros en alquiler de vehículos. Una cifra que Anticorrupción tildó en su querella de “abrumadoramente excesiva e incoherente”.
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