La política migratoria puesta en práctica por los Estados miembros de la UE ha ido progresivamente tornando hacia la securitización de sus fronteras, con la mejora de las capacidades de acción de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras -FRONTEX-, y el consecuente aumento de sus recursos. La agenda política común, crecientemente influenciada por los gobiernos de extrema derecha de países como Polonia y Hungría, lleva en su seno una semilla racista que apela a luchar contra un enemigo desdibujado al que ha apellidado como ''migrante irregular''.
Desde el año 2000, la Unión ha priorizado la aplicación de diversos instrumentos de gobernanza exterior en los países africanos, con el objetivo de reducir el número de personas que llegan al territorio Schengen sin autorización para ello. Este proceso ha estado acompañado por la inclusión de los llamados países de origen y de tránsito en el control y gestión de las salidas irregulares desde sus territorios, es lo que se conoce como externalización de fronteras. En la práctica, se trata de ofrecer incentivos económicos y comerciales, entre otros, a terceros estados para que eviten la salida de población migrante de sus territorios.
Como ejemplo, el acuerdo informal en materia de movilidad que la Unión firmó con el gobierno de Libia hace más de 10 años y que supuso una inyección de 50 millones de euros en las arcas del Estado libio. Pero este caso está lejos de ser el único, la misma dinámica se observa en la política exterior de la UE hacia Turquía, un país que ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de abrir el paso hacia la UE a los miles de refugiados que han quedado bloqueados en su territorio si desde Bruselas no se da respuesta a sus demandas. Esta retórica amenazante, discursivamente impropia de la práctica clásica diplomática es exactamente la misma que ha empleado Marruecos en los últimos días para con el gobierno de España.
Desde 2007 la UE coopera con Marruecos en materia de gestión de fronteras país que, sin embargo, se ha negado a aceptar la readmisión de nacionales de terceros estados que hayan transitado su territorio en su camino hacia Europa.
El gobierno de Marruecos y su homónimo español firmaron en 1992 un acuerdo en materia de readmisiones, en el que el estado marroquí se comprometía a aceptar a nacionales de terceros países interceptados en su ruta hacia el continente europeo y que hubiera, previamente, transitado por su territorio. Las readmisiones de no nacionales son prácticas que además de ir en contra de los preceptos del derecho internacional, al fomentar las devoluciones en caliente y limitar el derecho al asilo, generan consecuencias nefastas en los países que la han aceptado.
Por otro lado, desde 2007 la UE y Marruecos cooperan en materia de gestión de fronteras, las bases de esta alianza reposan en una serie de incentivos financieros que el ejecutivo comunitario otorga al gobierno marroquí para que, a cambio, se haga cargo de bloquear el paso de los migrantes que se dirigen a España. Esto supone que Marruecos tiene un poder de negociación vis-à-vis los Estados europeos sin precedentes. A la vista están las consecuencias.
Más allá, y lo que es peor aún, es que la población migrante, ya de por si altamente vulnerable, se convierte en un arma arrojadiza que se pone en marcha con el objetivo de influenciar las decisiones políticas de otros países. En este caso, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha dejado claro se ha dado la orden de reducir el control en su frontera con Ceuta porque, según ella, hay acciones que tienen consecuencias, haciendo alusión a que España decidiera prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Las mencionadas consecuencias implican que se ponga en peligro de la vida de miles de personas.
El gobierno marroquí ha iniciado una ofensiva diplomática, llamando a consultas a su embajadora en España, tras haber instrumentalizado a su propia población con el fin de forzar el brazo de las autoridades españolas en lo relativo a su posicionamiento sobre la ocupación del territorio del Sáhara. La extrema crueldad que profesan estas acciones ha tenido como respuesta un mayor incentivo económico, con la aprobación exprés en el Consejo de Ministros de 30 millones de euros destinados a la ''lucha contra la inmigración irregular''. En términos de modelos de condicionamiento político, el mensaje es claro: cuando Marruecos decida que no recibe los fondos suficientes para hacerle el trabajo sucio a los países de la UE, solo tiene que dar la orden de que sus guardas de frontera miren hacia otro lado para hacer sonar la alarma en la Moncloa y en Bruselas.