La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha vuelto a archivar la causa por el hacinamiento de migrantes en Arguineguín tras el recurso presentado por la Fiscalía de Canarias ante su primer auto de archivo el pasado mes de noviembre. Sin embargo, ahora la instructora vuelve a dar carpetazo a la causa precisamente aludiendo a un informe de la Fiscalía de Extranjería en el que se pide el sobreseimiento.
En su primer auto de sobreseimiento (tras la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno) la jueza destacaba que los hechos no reunían “los caracteres de delito” aunque matizaba que “sin perjuicio de que, efectivamente, la situación deplorable en la que se encuentran los migrantes en el muelle de Arguineguín no es la idónea”. Posteriormente, La Fiscalía alegaba en su recurso que no podía darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones que había sugerido para averiguar si son o no constitutivas de delito las condiciones “deplorables” en las que han malvivido los migrantes, como admite la propia jueza.
En este nuevo auto, adelantado este viernes por Canarias 7, se tiene en cuenta el informe de la Fiscalía en el que se señala que “no se retuvieron de forma ilegal a los migrantes”. Además, según añade Efe, sobre las condiciones de hacinamiento e falta de higiene en el muelle de Arguineguín criticadas por varias ONG y el Defensor del Pueblo, que exigió el cierre del campamento- la Fiscalía concede que “ciertamente (...) no eran las más adecuadas para las personas que son rescatadas del mar y llegan muchas de ellas exhaustas” e, incluso, que “podrían comprometer la dignidad de la persona”.
Sin embargo, el Ministerio Público recalca que en la legislación española el delito de trato degradante no es colectivo, sino que necesariamente debe individualizarse en víctimas concretas.
La jueza también concluye que, una vez practicada las diligencias interesadas, en los hechos denunciados no se identifica a las personas contra las que se dirige la acusación en la denuncia inicial ni en los recursos presentados de forma posterior. Así mismo, alude a un informe de la Policía en el que se sostiene que “la problemática añadida (en el muelle de Arguineguín) debido a la situación de pandemia mundial y repunto migratorio, que ha dado lugar a una llegada masiva en un corto lapso de tiempo de personas del continente africano y que ha sido del todo imprevisible”.
Casos en los que se superaron las 72 horas
Sin embargo, son varios los casos documentados de personas que sí que han pasado más de 72 horas retenidas en un muelle que llegó a albergar a 2.500 personas hacinadas. Uno de los casos más sonados tuvo lugar el 5 de agosto. 71 migrantes pasaron más de tres noches durmiendo en Arguineguín, a la espera de un espacio en el que poder pasar la cuarentena obligatoria de 14 días que el Ejecutivo regional impuso a las personas llegadas en patera al país. El 2 de noviembre, el pediatra del Servicio Canario de Salud, Abián Montesdeoca, dio a conocer el caso de un menor de 17 años que pasó nueve días perdido en Arguineguín sin que nadie lo localizara. La portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, y el juez que supervisa el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, han denunciado que la COVID-19 ha sido “una excusa” para vulnerar derechos fundamentales de los inmigrantes.
Pese a este segundo auto de archivo, contra esta resolución cabe interponer recurso por las partes.