Las lagunas de la asistencia letrada que reciben los migrantes en Canarias: ''Reciben peor atención que los delincuentes''

Ver a un abogado marca las vidas de quienes llegan a Canarias en cayuco. Recibir una asistencia letrada deficiente puede empujar a un vuelo de deportación a personas víctimas de explotación laboral o a menores no acompañados. El Defensor del Pueblo ya detectó irregularidades en la asistencia durante la emergencia humanitaria de 2020. Entonces, entre otros casos, un maliense albino fue internado y estuvo a punto de ser devuelto a su país, donde sufría persecución. Ahora, cuando las Islas han recibido 15.000 personas en octubre, las lagunas reaparecen. 

Aunque quienes entran por mar a las Islas no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa, reciben una asistencia letrada “peor que la de los delincuentes comunes”, tal y como afirmó Irma Ferrer, abogada de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, en la presentación de un informe sobre vulneraciones de derechos en la frontera sur. 

“No podemos hacer una asistencia sin ningún tipo de dudas en un presunto robo con violencia o en un presunto delito de violencia de género y normalizar una serie de malas prácticas en la asistencia letrada de personas migrantes”, critica Vania Oliveros Mena, abogada especializada en extranjería e infancia. 

Una entrevista reservada 

Oliveros ofrece asistencia letrada a los migrantes que llegan a Tenerife en cayuco. Cuando llega una embarcación, el Colegio de Abogados activa a los letrados que forman parte del turno de extranjería y de las guardias de pateras. En Tenerife, las asistencias se realizan en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) instalado en la comisaría de Playa de Las Américas. 

En este espacio los supervivientes pasan un máximo legal de 72 horas. Después son ubicados en un recurso de acogida o en un centro de internamiento para ejecutar su deportación. Igual que ocurría durante la pandemia de COVID-19, la abogada se ha encontrado con compañeros de profesión que “firman las órdenes de devolución sin haber hablado siquiera con sus clientes”. 

“Conforme marca la normativa de Extranjería, debemos tener una entrevista reservada. A partir de ahí se pueden detectar muchos perfiles de gran vulnerabilidad: menores, víctimas de violencia de género, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional…”, insiste. En función del país, también pueden encontrarse casos de esclavitud. 

El primer contacto con los migrantes se realiza en grupos de en torno a seis clientes por abogada. Este ha sido uno de los logros de la Comisión de Extranjería del Colegio, pasando de entrevistas con más de 20 personas a seis. Otra de las mejoras pasa por la inclusión del nombre y apellidos de los abogados en la orden de devolución de los migrantes y la creación de un volante que firman sobre la marcha quienes tienen voluntad de pedir asilo. Este documento garantiza que no puedan ser devueltos hasta que se resuelva su trámite.

“Yo me reúno con mis seis clientes. Con la intérprete, les explico que soy su abogada, la razón por la que están detenidos, qué es una orden de devolución y los supuestos en los que pueden pedir asilo”, ejemplifica Oliveros. “Luego, pasamos a entrevistarnos durante 10 o 15 minutos de forma individual. Tenemos un tipo de ficha de entrevista que nos permite hacer una historia de vida de la persona”, cuenta. 

En esta línea, Oliveros advierte de que no se deben tratar los casos de manera generalizada. “En Mauritania, por ejemplo, hay casos de esclavitud y mucho racismo. Es un perfil de protección internacional”, alerta. 

La abogada recuerda, además, la convulsión política que atraviesa Senegal, pero también insiste en el expolio de sus recursos por parte de Europa y China. “Muchos jóvenes dicen que no tienen nada que vender porque los barcos se llevan el pescado. El saqueo de los recursos naturales hace que mucha gente no coma, y yo considero que no son migrantes económicos. Si tuvieran materia prima que vender, no saldrían de su casa”.

Las abogadas apuntan como razones de esta asistencia sin garantías al racismo y a la precarización del turno de oficio. “Nos pagan 300 euros por la asistencia. Esto se ha llevado a juicio y estamos en una lucha. La dignidad de nuestra labor profesional favorece la dignidad de las personas que tenemos que atender”, insiste Vania Oliveros. 

Falta de intérpretes 

Entre los cayucos que ha asistido Vania, recuerda uno ocupado por nacionales de Mali, un país en guerra. Todos hablaban souninke o bambara, pero la intérprete que estaba en la comisaría hablaba francés y wolof. “La hoja de derechos que se les dio estaba en inglés, francés y árabe. Le explicaron en francés y en wolof por qué estaban allí y qué era una orden de devolución. ¿Quién entendió eso? Es una vulneración de sus derechos fundamentales”, rechaza. 

La abogada también subraya que ninguno de sus compañeros lo hizo constar. “Estas incidencias se deben enviar al Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y al Colegio profesional. Hay que detectar los errores”, reivindica. 

Estas prácticas se repiten en el resto del Archipiélago. La abogada especializada en extranjería Loueila Mint El Mamy afirma que en la nave del queso de Fuerteventura, habilitada como CATE, no hay intérpretes de forma presencial y las traducciones se realizan a través de un altavoz. “Quién te va a contar a ti de manera colectiva algo que le pasa de forma individual. Es difícil que alguien se abra”, dice. 

La Audiencia Nacional ya advirtió este año de que las traducciones por teléfono pueden empujar a los migrantes a la indefensión. En concreto, la Audiencia estimó el recurso presentado por un joven gambiano contra la denegación de su solicitud de asilo por parte del Ministerio del Interior. La Justicia concluyó que la entrevista de asilo no se había hecho con todas las garantías legales al haberse realizado la interpretación por teléfono y sin asistencia letrada. 

Interrogatorios de Frontex

El Defensor del Pueblo también ha cuestionado los interrogatorios que Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) realiza a los recién llegados sin presencia de abogados. Estas entrevistas  “se realizan mientras las personas que acaban de llegar por vía marítima, en condiciones de peligro y vulnerabilidad, se encuentran privadas de libertad, conocedores de la posibilidad de ser devueltos y sin haber tenido asistencia jurídica en el momento de la entrevista, sino posteriormente”. 

La información que se pretende obtener está relacionada con delitos graves como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el terrorismo o el fraude documental. Por esta razón, el Defensor del Pueblo pide que no se hagan estos interrogatorios a personas recién desembarcadas que no hayan sido informadas previamente de sus derechos en su idioma. 

Además, se debe informar a los migrantes el objeto y las repercusiones de esta entrevista, comprobando además que se encuentren en condiciones psicofísicas adecuadas y que den su consentimiento a las mismas. Frontex y la Policía Nacional deben velar por la confidencialidad de estas conversaciones y evitar “poner a las personas entrevistadas en riesgo de sufrir represalias”.

Detección de posibles menores

Las entrevistas en profundidad también permiten detectar posibles menores. Si no se identifican a tiempo, pueden ser derivados a la Península como adultos. El Gobierno de España está agilizando los traslados de migrantes desde Canarias a la Península para poder hacer frente a nuevas llegadas en los dispositivos de acogida de las Islas.

“Estamos advirtiendo que las personas sobre las que hay dudas en relación a la edad pueden perderse porque se los llevan. No se debe anteponer la normativa de Extranjería a la normativa de Infancia”, señala Oliveros. Además, reitera que las pruebas de determinación de la edad que se realizan no son fiables y tienen un margen de error de hasta cuatro años.

En el caso de los adultos, la rapidez de los traslados también dificulta el seguimiento por parte de los letrados de Canarias. “Es una cuestión positiva que puedan seguir su tránsito y que Canarias no sea una cárcel, pero supone un problema claro en cuanto a los recursos que tengamos que plantear contra órdenes de devolución”, concluye Loueila Mint.