Los dos hombres que abusaron supuestamente de un niño en un centro de menores extranjeros no acompañados de Gran Canaria eran adultos. Según la denuncia anónima presentada por los trabajadores de Puerto Bello –un complejo de apartamentos del sur de Gran Canaria habilitado como centro de acogida– cuando se produjeron los hechos a principios de marzo, “ya se había certificado que los dos usuarios eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado”. La saturación de todos los órganos que participan en el procedimiento de determinación de la edad de las personas llegadas a las Islas en pateras y cayucos ha empujado a niños y adultos a convivir en espacios reservados para los menores migrantes que llegan solos a Canarias, “dinamitando” su buen funcionamiento.
Al menos seis adultos confirmados siguen en centros de menores esperando a ser reubicados en otros recursos para adultos, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales. Todos ellos están en Gran Canaria. El área de Noemí Santana no ha confirmado la mayoría de edad de los supuestos abusadores. Tampoco asegura que se hayan producido estos hechos, que ya están siendo investigados por la Fiscalía de Las Palmas, que ha llamado ya a declarar al director de Puerto Bello y a uno de los trabajadores que participó en la elaboración del informe.
Otras 365 personas están en un limbo. Ya tienen las pruebas hechas y también el informe de estimación de edad del Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, aún esperan por el decreto de la Fiscalía que permita determinar qué tipo de recurso les corresponde. La fiscal de Extranjería, Teseida García, explica que solo ella y otra compañera son las encargadas de firmar estos decretos en la provincia de Las Palmas. “Una vez que nosotros decretamos la edad, notificamos a la Dirección General de Protección a la Infancia, a la Policía, al Cabildo insular, a la Subdelegación del Gobierno y a la Fiscalía de Menores. Con ese decreto, la Dirección General puede colocar a la persona donde quiera”, apunta García.
La fiscal de Extranjería no ha ofrecido los datos exactos de los decretos que aún quedan por firmar, pero insiste en que la saturación es mayor este año que el anterior. El pasado 30 de junio se firmó el decreto de edad 703. En 2020, esta cifra se alcanzó en octubre. “Lo ideal es que todo el procedimiento de determinación de edad tarde como máximo un mes, pero es una utopía”, cuenta García. Los decretos se elaboran entre cinco y treinta minutos, pero todo el proceso previo puede demorarse meses. Entre marzo y junio de 2020 no se practicó ninguna prueba de edad por el estallido de la pandemia de COVID-19, provocando un tapón que se suavizó en los meses siguientes.
Ahora, García exige “mucho más” para valorar una prueba. La fiscal de Extranjería pide que, a través de la Dirección General, se le informe de todos los cambios que haya habido en las declaraciones de los menores en relación a su edad. Cuando hay duda, cita a los migrantes para escucharlos. “Hay que tener cuidado. Hace poco tuvimos un caso de un chico que decía tener 20 años, presentó una partida de nacimiento que no era suya y su prueba de edad concluyó que tenía 15”.
El Gobierno de Canarias ha exigido en múltiples ocasiones que la Fiscalía aumente los medios necesarios para agilizar los decretos de mayoría de edad. En una reunión que tuvo lugar en febrero entre la Consejería, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía de Extranjería se acordó priorizar a unos 300 sobre los que no existían dudas y eran “claramente mayores”, así como también otras 300 pruebas de casos que ofrecían dudas razonables, ya que las personas podían tener entre 17 y 24 años.
Respecto a la responsabilidad sobre estos desajustes en la edad, Teseida García defiende que la Fiscalía “no ve a los migrantes” hasta que los llama para ahondar en su edad. Para ella, la filiación a pie de puerto es fundamental, porque “quien localiza a estos presuntos menores de edad es quien toma la primera decisión”. “Es importante tener responsabilidad y gente formada en ese momento”. Esta tarea corresponde a la Policía Nacional, que practica la reseña con los principales datos de los migrantes recién llegados. Para aumentar la precisión en la edad, el Gobierno de Canarias pidió al Ministerio del Interior la presencia de la organización especializada en infancia Save The Children durante esta primera entrevista, pero Fernando Grande–Marlaska rechazó la propuesta justificándose en la pandemia.
También es la Policía Nacional la que alerta a la Fiscalía de la llegada de supuestos menores. Entonces, la fiscal debe ordenar su ingreso en un centro para niños no acompañados. En otros casos, estos errores conducen a menores a vivir en los macrocentros de adultos. En estos casos, son los trabajadores los que deben ponerse en contacto con la Justicia.
El 15 de junio, la filtración de una denuncia anónima enviada por los trabajadores de Puerto Bello al Ayuntamiento de Mogán y a la Dirección General de Protección a la Infancia sacó a la luz supuestos casos de explotación sexual, abusos y agresiones físicas en este recurso. Según el informe, los empleados del centro tuvieron constancia a principios de marzo de que un menor “de unos 15 años” había sufrido “repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro”. También sabían que “al menos sres de los menores habían ejercido la prostitución tanto dentro del centro con otros menores como fuera del mismo con personas ajenas” al recurso.
El 31 de mayo, a través de un correo electrónico, los trabajadores pusieron estos supuestos delitos en conocimiento del Gobierno canario y del Ayuntamiento de Mogán. Diez días después, la Consejería de Derechos Sociales ordenó una inspección en Puerto Bello y dos técnicos del área visitaron las instalaciones. Según la Consejería, no se pudieron confirmar estos abusos, pero sí observaron el mal estado de las instalaciones como consecuencia de algunas peleas que provocaron daños en el mobiliario y percibieron una sensación de agotamiento entre el personal. Por ello, comenzaron a reubicar a los migrantes para adelantar a julio el cierre, previsto para agosto.
El 15 de junio, cuando el caso saltó a los medios de comunicación, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se dirigió a la Fiscalía de Las Palmas para pedir que investigara estos supuestos delitos sexuales. Una semana después comenzó la ronda de declaraciones en fase de instrucción del presunto pucherazo en Mogán, que se prolongará hasta el 12 de julio y en el que hablarán los diez investigados por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019 y también 18 testigos.
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