El miedo a que el viaje a Europa termine en el centro de menores: cerca de 6.000 jóvenes siguen 'encerrados' en Canarias

La travesía de Seidou (nombre ficticio) empezó en Gambia. Subido en un cayuco llegó hasta Canarias con 17 años. Desde el dispositivo de acogida de Tenerife en el que lleva cinco meses se pregunta si su viaje a Europa termina en el centro de menores. Él y algunos de sus compañeros sueñan con poder llegar a Barcelona y entrar en un equipo de fútbol. Sin embargo, la derivación de jóvenes migrantes a la Península lleva años atascada, a pesar de que cada vez son más los niños y adolescentes que atraviesan el Atlántico en embarcaciones precarias. Después de meses de solidaridad fallida, el acuerdo político para obligar a las comunidades a acoger a los menores rescatados en las islas parece estar más cerca.

Canarias tutela en la actualidad a 5.966 niños y adolescentes, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno regional. La Consejería de Bienestar Social, responsable de los menores que llegan al Archipiélago sin familia, ha abierto más de 80 dispositivos de emergencia para cubrir las necesidades básicas de todos los recién llegados. Aun así, la saturación de estos recursos los ha llevado al límite y no todos reúnen las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. 

Esta semana, el Ayuntamiento de Santa Úrsula, al norte de Tenerife, ha frustrado la apertura de un nuevo centro de emergencia en el municipio. La fundación Quórum solicitó alquilar un local para habilitarlo como espacio de acogida de menores migrantes. Sin embargo, el gobierno local emitió un informe desfavorable que concluía que en el inmueble no cabía el uso residencial, según han explicado desde el Ayuntamiento y desde el área de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico a esta redacción. Según ha podido saber este periódico, se trataba de un antiguo gimnasio en el que se pretendía alojar a cien jóvenes no acompañados.  

Las carencias de los dispositivos de emergencia se extienden también a Lanzarote, donde dos abogadas han llevado a la Fiscalía de Las Palmas una denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar. El edificio, que antes funcionaba como albergue de marineros en tránsito, solo tiene capacidad para 25 personas, pero han llegado a permanecer allí hacinados hasta 64 menores. Ahora viven en el recurso 55 migrantes. Las fotografías que acompañan a la denuncia evidencian la suciedad y el mal estado de las instalaciones, así como también las marcas que un educador dejó en el cuello de un niño tras una agresión física. 

Usuarios y trabajadores del centro han informado de que tampoco se respetan las creencias religiosas de los jóvenes y que no se les brinda asistencia psicológica. Al duelo migratorio que atraviesan los supervivientes por dejar atrás a su familia y su país, se suma la pérdida de un compañero del recurso. Ibrahima Cámara tenía 15 años y murió atropellado en febrero. Sus compañeros se enteraron por la prensa y, aunque han sufrido síntomas depresivos tras su fallecimiento, no han recibido acompañamiento por parte de los educadores.

Como mecanismo de evasión, algunos jóvenes han caído en adicciones como el consumo de alcohol o de altas dosis de ansiolíticos,a los que acceden en el propio recurso. Una trabajadora encontró junto a las pertenencias de un usuario una caja de pastillas vacía, pero no se tomaron medidas de seguimiento, control, ni de prevención. 

También en Lanzarote la Guardia Civil abrió una investigación contra cinco educadores que trabajaban en el centro de La Santa por amenazas y coacciones a los usuarios. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por un joven en febrero, que aseguraba haber sido coaccionado. Los trabajadores, según informó la Guardia Civil, obligaban a los menores a cometer actos vandálicos y a desobedecer las normas del centro para desestabilizar la organización del dispositivo. Poco tiempo después de que estos hechos salieran a la luz, el Cabildo insular optó por ordenar el cierre de este recurso en el que vivían más de cien personas, que después fueron reubicadas en otros dispositivos de las islas. 

El pacto político

La distribución entre todas las comunidades de los menores que sobreviven a la ruta canaria figura como la única solución al colapso de los centros. En este punto coinciden las entidades sociales especializadas en infancia. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió este miércoles con representantes de Unicef, Save The Children, Acnur, Cruz Blanca, Cruz Roja, Cepaim, Accem y CEAR. Las organizaciones apelan a la corresponsabilidad de las autonomías. “Canarias no puede ser, como frontera sur, la única responsable de la protección y cuidado de esos menores”, señaló el director general de Save The Children, Andrés Conde. 

Las entidades tildan de “anómala” la sobreocupación del sistema de protección canario y defienden la reforma de la Ley de Extranjería que Canarias pacta con el Ministerio de Política Territorial. Esta modificación permitiría al Estado intervenir en momentos de llegadas extraordinarias de migrantes, de manera que las islas solo acojan en su red a 2.500 menores. El resto será realojado en recursos del resto de España de acuerdo con unos parámetros previamente acordados con los gobiernos autonómicos. 

Se trata de una reivindicación histórica del Gobierno de Canarias y que está más cerca de hacerse realidad. Esta semana, el presidente canario y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han reunido con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados para sacar adelante la reforma. Según informaron Clavijo y Torres, Vox ha sido el único partido que ha manifestado su rechazo frontal. Por su parte, el PP exige conocer más detalles sobre la financiación que recibirán las comunidades para acoger a los jóvenes. El texto se presentará “en las próximas semanas” en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar en Canarias.