Personas migrantes que han llegado este fin de semana a Lanzarote han sido custodiadas por la Policía en un garaje de una comisaría. Así lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía, que indica que “se necesitan más medios humanos y materiales”.
El periódico El País publicaba este domingo una imagen en la que se aprecia a estas personas esperando en el suelo, tumbados y muy pegados unos a otro. Este periódico indica que los agentes sacaron de este espacio sus vehículos para que las personas llegadas tuvieran ese espacio de forma temporal.
Este mismo lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asisten a una reunión de coordinación sobre la situación migratoria en las islas, tras una quincena con unas cifras de llegadas históricas, sin precedentes al menos desde la crisis de los cayucos de 2006.
Durante este fin de semana han sido rescatadas un total de 1.012 personas migrantes procedentes de diversos puntos de la costa africana. La Guardia Civil desembarcó en el muelle de La Restinga, El Hierro, a una mujer, un hombre y dos menores que necesitaban asistencia sanitaria y que viajaban en un cayuco con más de un centenar de personas que en estos momentos es escoltada rumbo al puerto de Los Cristianos, Tenerife.
Lanzarote es el punto a donde están llegando un mayor número de personas. Las llegadas a los dos extremos de Canarias presentan importantes diferencias. Entre ellas, los puntos de salida y el tipo de embarcación. Sin embargo, en tierra también hay distinciones.
En septiembre, y aunque el CATE solo tiene espacio para 200 personas, se llegó a alojar a 260 personas en este centro de la Policía Nacional. En este campamento, los migrantes pasan un máximo de 72 horas, en las que se procede a su filiación e identificación. Después, son reubicados en los centros de acogida que hay en Lanzarote y en el resto del Archipiélago.
Miles de personas se han jugado la vida en cayucos en los últimos meses en Canarias. Decenas de trabajadores se agolpan en los muelles de las islas para asistirlos, identificarlos y localizar perfiles vulnerables. Sin embargo, como en cada repunte migratorio y como ya ocurrió en 2020, las administraciones aprovechan para cruzar acusaciones, empañando el trabajo en primera línea.