Las personas llegadas a Lanzarote en pateras o lanchas neumáticas pasan sus primeras 72 horas en una nave industrial situada a 300 metros de la depuradora de aguas residuales de Arrecife. Allí conviven hombres, mujeres y niños en condiciones que carecen de los estándares mínimos “para su habitabilidad”. Desde el interior, uno de los cientos de hombres que han pasado por allí cuenta con señas que no hay duchas y que la comida no es buena. También con las manos asegura que hay cinco bebés dentro. Las voces de estos niños, junto al ruido de los coches, son lo único que rompe el silencio alrededor de la nave, donde solo hay arena.
El establecimiento está custodiado por agentes de la Policía Nacional. En el patio principal hay once baños químicos y un grifo como única opción para asearse. Allí, varios jóvenes rellenan una botella de plástico para lavarse los pies. Después se sientan en un pequeño bordillo junto a los baños a ver cómo los coches pasan. Ni siquiera pueden acercarse a la puerta principal, ya que una cinta policial bloquea el paso.
Los migrantes solo pueden estar retenidos por un plazo máximo de tres días. Sin embargo, Hamza, un joven marroquí que llegó desde Agadir a Lanzarote, cuenta que él estuvo allí con cien personas más durante ocho días. Más de 15.000 personas han sobrevivido a la ruta canaria en lo que va de año. De ellas, un 85% ha llegado a Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.
Lanzarote es la isla a donde más personas llegan por sus propios medios, sin ser detectadas por los equipos de rescate, con el consecuente riesgo para la vida de los migrantes. El pueblo pesquero de Órzola, al norte de la isla, es uno de los puntos negros en este destino, ya que las corrientes y la peligrosidad del océano han provocado ya dos naufragios en un año.
Después de la filiación, las personas pasan la cuarentena en un espacio de gestión compartida entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Migraciones. Cuando termina el confinamiento, son reubicadas en uno de los recursos de acogida distribuidos por el Archipiélago. Hamza ahora está en el campamento de Las Raíces, en Tenerife. En este recurso de emergencia pasa “frío” y comparte carpa con 30 personas, pero asegura que es “mejor que Lanzarote”.
Se repite la estampa que ya vivió Gran Canaria en 2020. El año pasado, las malas condiciones de los calabozos para filiar a los migrantes y el riesgo de contagio de COVID-19 condujeron a habilitar una nave portuaria en la capital como alternativa. El objetivo era “velar por la salud pública”, pero cientos de personas terminaron durmiendo en el suelo, sin distancia de seguridad, sin duchas, y durante más de 72 horas.
Fuentes sanitarias revelaron que estas condiciones insalubres agravaron el mal estado de salud de las personas que habían alcanzado Gran Canaria en pateras y cayucos. “Se trata de personas que llegaron deshidratadas, con úlceras por estar días en el mar en la misma posicion y con heridas en las piernas y distintas partes del cuerpo”, aseveraron estas fuentes. Tampoco allí recibían asistencia psicológica y la asistencia letrada era deficiente.
Entonces, fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron que se había “realizado un esfuerzo para dar respuesta a un problema puntual”, habilitando instalaciones que permitieran realizar la reseña de migrantes, “velando por que no se produzcan situaciones de desamparo”.
Un CATE móvil para 200 personas
El recinto cerró y los migrantes llegados a la isla pasaron a ser hacinados en el suelo del puerto de Arguineguín. Después, el Ministerio del Interior instaló el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco, un campamento policial con carpas militares y vulnerable ante la lluvia y el viento.
La cartera de Fernando Grande-Marlaska recibió 13,5 millones de euros de la Unión Europea para reforzar la atención policial a los supervivientes de la ruta canaria. Tal y como informó Interior, el presupuesto se destinó a sufragar los gastos derivados de la instalación del CATE de Gran Canaria y a la instalación de nuevos CATES móviles.
Entre estos últimos está el centro recientemente creado en Arrecife, junto a la comisaría de la Policía Nacional de la capital de Lanzarote. Fuentes de Interior han explicado a este periódico que tiene capacidad para 200 personas. “Es móvil, susceptible de ser montado y desmontado de forma rápida para ser utilizado en otras partes. Forma parte de las infraestructuras puestas en marcha desde 2020, junto con el CATE de Barranco Seco y el próximo CATE móvil de Fuerteventura”.
Esta infraestructura se suma a la nave industrial que se viene utilizando hasta ahora. Los sindicatos policiales SUP y CEP han celebrado la creación de este CATE al estar muy cerca del puerto donde Salvamento Marítimo hace los desembarcos. Según los agentes, esto permitirá agilizar los trámites administrativos y su realización en el plazo máximo legal de 72 horas.