Save the Children ha reclamado al Gobierno un plan coordinado de acogida y protección que garantice los derechos de los menores que están llegando a Canarias en patera al entender que “la infancia no puede ser víctima de la improvisación”.
Tras visitar algunos de los centros de acogida de menores y adultos en las islas -donde han arribado más de 19.500 inmigrantes en lo que va de año- y entrevistarse con las autoridades competentes, la ONG advierte de la inexistencia de protocolos y mecanismos de coordinación que dejan a los niños “sin la protección necesaria”.
“La infancia no puede ser víctima de la improvisación. España necesita invertir más fondos y dotarse de un plan de atención adecuada y una distribución corresponsable entre comunidades autónomas”, asegura en un comunicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.
Denuncia que a los menores no se les garantiza el acceso temprano a asesoramiento jurídico especializado y tampoco se les informa de sus derechos y del procedimiento de asilo, además de haber detectado deficiencias en la identificación de los niños, lo que provoca que muchos adolescentes terminen en centros de acogida para adultos.
Asimismo, la ONG alerta de que la mitad de estos menores tienen en torno a los 17 años y prevé graves situaciones de desprotección cuando alcancen la mayoría de edad, al no haber plazas suficientes para niños y niñas extutelados.
Tampoco se están tramitando con normalidad los permisos de residencia, ni se facilita su traslado a recursos de acogida humanitaria o asilo para adultos.
Según la organización, Canarias no tiene capacidad para hacer frente sola a la situación actual y los traslados a la península “se están realizando con cuentagotas” y asegura que se ha puesto en contacto con las Direcciones Generales de infancia autonómicas tras el llamamiento del Gobierno canario para un “reparto corresponsable” entre comunidades.
Para Save the Children, la corresponsabilidad entre territorios y el Gobierno es clave y requiere de una actuación urgente por parte del Ejecutivo.
“No podemos permitir que los niños y niñas sean acogidos de manera indefinida en centros pensados para atender una situación de emergencia. Es necesario evitar la improvisación mediante protocolos claros de derivación y atención”, concluye Perazzo.
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