El reparto de menores migrantes ha marcado la agenda política de Canarias este miércoles. Un día después de que el Gobierno regional (Coalición Canaria y Partido Popular) confirmara que había cerrado con el Estado el texto para agilizar las derivaciones, el PP ha negado que se haya sellado ningún pacto y ha advertido de que no lo apoyará si el Ejecutivo central no cumple una serie de condiciones. Mientras tanto, más de 5.600 niños y adolescentes no acompañados siguen bloqueados en las islas acogidos en 80 dispositivos.
La fórmula en la que han trabajado el Gobierno de Canarias y el central pasa por reformar la Ley de Extranjería e introducir una herramienta que permita al Estado intervenir cuando las comunidades autónomas no acojan a los migrantes de forma voluntaria y las Islas atraviesen un periodo de flujos intensos de llegadas. Aún se desconoce cuándo comenzaría a aplicarse, ya que primero debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y por las Cortes. Según ha informado Efe, aún falta solventar la forma de tramitación que tendrá la reforma. El Estado apuesta por una proposición de ley y Canarias, un decreto ley.
El líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, insiste en que todavía hay “flecos” que resolver para concluir de forma definitiva el pacto. En el pleno del Parlamento autonómico, ha insistido en que una de las claves es garantizar que las comunidades autónomas cuenten con financiación para atender a los menores derivados. Según el vicepresidente del Gobierno regional, su partido está dispuesto a negociar en el ámbito nacional y en otras autonomías. En esta línea, ha exigido que se convoque de manera urgente una conferencia de presidentes o una conferencia de infancia y menores.
“No puede ser que lleguen, pongan un documento sobre la mesa y digan o usted lo toma o lo deja”, ha dicho Domínguez, después de acusar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de intentar “reventar” las negociaciones. Además, ha propuesto que se incluya un plan para derivar a los menores a otros países de Europa. Por su parte, ha reconocido que el acuerdo “se está retrasando demasiado”.
En este punto coincide el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: “A mí me hubiera gustado que (el acuerdo) hubiera estado antes y que de hecho hubiésemos tenido un decreto ley (para el reparto) este fin de semana”. Sin embargo, se muestra convencido de que en los próximos días se dará “luz verde” al reparto.
Sobre la postura del PP, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha aseverado que el partido jugará un papel “muy importante” para llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados que permita aprobar la modificación de la Ley de Extranjería. Según Pestana, el acuerdo alcanzado es “un buen acuerdo de país”, que se debatirá con las comunidades autónomas para que hagan aportaciones y mejoras para “activar mecanismos automáticos para el traslado de menores inmigrantes no acompañados”.
El delegado ha pedido al PP en Canarias que “convenza” a sus compañeros de otras comunidades autónomas donde gobierna. A juicio de Pestana, este acuerdo no solo va a resolver la saturación que sufre Canarias por la llegada de menores inmigrantes no acompañados en cayucos o pateras, sino también de Ceuta y Melilla, así como el de las comunidades de Murcia, Valencia, Baleares y Andalucía, adonde arribaron en 2018 más de 50.000 y tuvieron que gestionar ellos la atención de los menores, ha recordado.
Mientras tanto, aún no se ha ejecutado el traslado de 400 menores desde Canarias y Ceuta que el Gobierno de España pactó con las comunidades autónomas hace dos años. Tampoco las derivaciones de 374 jóvenes acordados en 2023. Estos traslados iban a negociarse este martes en una Conferencia Sectorial. Sin embargo, las comunidades decidieron aplazarla poco tiempo antes de que se celebrara, tras conocer que se había sellado el pacto con el Archipiélago para el reparto obligatorio.