El PP rechaza acoger a menores migrantes y pone condiciones que ya fueron incluidas por el Gobierno

Todas las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a menores inmigrantes “si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías” y si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida, han informado fuentes de Génova. Lo que no ha especificado el PP nacional es si esas comunidades incluyen a Canarias, donde también gobiernan los populares y que es precisamente le región que ha pedido que se modifique la Ley de Extranjería.

Esa modificación fue rechazada el pasado verano por los votos en contra del PP, Vox y Junts y desde entonces el Gobierno canario y el central han intentado diferentes fórmulas para lograr una acogida de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades. Pero a todas las propuestas puestas sobre la mesa el PP ha respondido con una negativa, e incluso abandonó la negociación con Canarias y el Estado. Finalmente, tanto el Gobierno canario como el central tantearon a Junts y, finalmente, se ha logrado su apoyo a una nueva votación en el Congreso para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Con ello la acogida de los niños migrantes pasa de ser solidaria a ser obligatoria, siguiendo unos criterios de distribución previamente establecidos, y con financiación del Estado.

Sin embargo, el PP se mantiene en el no. Fuentes del partido acusan al Ejecutivo de “pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad” y han subrayado que los menores inmigrantes son personas a atender “no paquetes a recepcionar”. Pero a renglón segido han defendido el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana con la ultraderecha de Vox, señalando que el pacto no es racista en materia de inmigración y es consecuente con la postura del PP “suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo”.

Han insistido también en que “es insolidario” condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas, según han afirmado. Cabe señalar que lo que busca precisamente esa modificación de la ley es destensar los centros de acogida de Canarias y Ceuta, que se encuentran con una ocupación muy superior a su capacidad, y cuyos gobiernos han pedido en repetidas ocasiones al resto de comunidades que colaboren acogiendo a algunos de estos menores, lo que no ha ocurrido.

El PP ha afirmado que ellos establecieron una serie de condiciones muy razonables para modificar la Ley de Extranjería pero el Gobierno ha preferido negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP refiriéndose al acuerdo que han alcanzado el Ejecutivo con la formación de Carles Puigdemont y que este martes ratificará el Consejo de Ministros. De nuevo, hay que señalar que las condiciones del PP, en la mayoría de los casos, ya estaban incluidas en el texto que se negociaba, y que el primero en tantear a Junts fue el propio gobierno canario, del que el PP forma parte, y que esto se hizo dadas las reiteradas negativas del PP a dar un paso hacia una solución a la cuestión de la saturación de los centros en Canarias.

Según el PP, igual que el Ejecutivo troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para “contentar al independentismo catalán” en detrimento del resto de territorios, ahora se abra a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos.

Y el único objetivo de todo esto, han recalcado las mismas fuentes, es “blindar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez para continuar en el Palacio de la Moncloa”. El PP obvia, una vez más, que la petición de este reparto partió del Gobierno canario, donde el PP ha respaldado la modificación de la ley de extranjería que desde hace meses la dirección del partido rechaza.