Reubicados en el sistema de acogida los menores migrantes que denunciaron agresiones en un centro de Gran Canaria

Los menores migrantes que escaparon de un recurso de acogida de Gran Canaria han sido reubicados en nuevos centros. Así lo han confirmado a esta redacción fuentes del Gobierno de Canarias. El 24 de noviembre, 20 jóvenes salieron del dispositivo localizado en Tafira y denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas agresiones físicas y forcejeos por parte del director y de algunos trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Doce ellos estuvieron al menos cinco días en situación de desamparo. Los otros ocho regresaron al recurso pocas horas después de salir.

Según el escrito presentado ante el Juzgado, uno de los menores recibió golpes en el despacho del director y, otro de ellos, al intentar escapar fue interceptado por la fuerza por un trabajador que lo arañó. También han denunciado supuestos abusos sexuales. Fuentes próximas a los jóvenes han explicado a este periódico que diez de ellos han sido reubicados en un centro y dos en otro distinto. Ninguno de los espacios está gestionado por la ONG Siglo XXI.

Desde el viernes 24 de noviembre hasta el miércoles 29, doce menores estuvieron en la calle, a pesar de seguir siendo responsabilidad del Gobierno de Canarias. Tres abogadas especializadas en Extranjería presentaron un escrito ante la Fiscalía de Menores de Las Palmas para notificar que se estaba produciendo ''una situación de desprotección infantil“. Un día después, fueron reubicados.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, solicitó a la Policía Canaria su acompañamiento para acercarse al lugar donde podían estar los menores. Fue la entidad Somos Red la que ofreció asistencia y apoyo a los jóvenes una vez fuera del centro de Tafira.

Tal y como relató Somos Red, los jóvenes se trasladaron a la comisaría de policía situada en el barrio de San Cristóbal de la capital grancanaria y manifestaron su voluntad de interponer denuncia, pero no se les tomó declaración. En el escrito al Juzgado reflejan: “No quisieron atendernos y no nos creyeron. Ni nos tomaron declaración”. “Ante esta situación los menores se vieron obligados a deambular por las calles de Las Palmas de Gran Canaria sin saber qué hacer”, reconocieron desde la asociación.

Tensiones en el centro

Los conflictos en este centro, que acoge hasta el momento a 60 personas, comenzaron hace semanas. La semana pasada, un trabajador golpeó a un menor. La entidad le abrió un expediente al empleado, que ha sido apartado de su puesto de trabajo, tal y como ha confirmado la Dirección General. Además, el menor fue acompañado a interponer una denuncia contra el educador.

Rodríguez señala que los menores también han denunciado pequeños hurtos dentro del centro por parte de algunos compañeros. En una inspección rutinaria, fueron localizados algunos teléfonos que habían desaparecido. Las técnicas que se desplazaron a Tafira aconsejaron el traslado de ocho usuarios a otros dispositivos de Gran Canaria para que pudieran recibir una intervención especializada. 

La directora general asegura que conoció la denuncia por agresiones a través de los medios de comunicación. “Sobre la marcha mantuve una reunión con el equipo técnico de Las Palmas”, dice. En ella, ordena que se personen al día siguiente en el centro para entrevistar a todos los usuarios, a los trabajadores y que reúnan toda la información pertinente. 

Para Vania Olivares, hay una falta de especialización de los profesionales que trabajan en el sistema de protección infantil. La abogada alude a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que remarca la importancia de vivir en entornos seguros y en la que, además, se incluyen las herramientas que están a disposición de los menores de edad que se enfrentan a situaciones de violencia. 

Fundación Siglo XXI

No es la primera vez que un escándalo salpica a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El último de ellos salió a la luz en junio de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la ONG. Según el escrito al que tuvo acceso este periódico, parte del dinero público que recibe la fundación fue destinado a tratamientos de belleza, hoteles de lujo, comidas e incluso viagra.

Durante la emergencia humanitaria que atravesó Canarias entre 2020 y 2021, trabajadores de Siglo XXI denunciaron agresiones físicas y explotación sexual a menores en el dispositivo Puerto Bello, creado en Mogán. La Fiscalía de Las Palmas presentó una querella contra los responsables del centro por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos delitos leves de lesiones. “Un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación sufrida para que no hablara tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo”, recogió entonces la querella.