Sacerdotes del CIE de Gran Canaria denuncian el “fariseísmo social” de negar derechos a migrantes y a la vez utilizarlos

Cada miércoles las personas extranjeras encerradas en el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) aprecian dos rostros diferentes que rompen la monotonía del día igual ayer y del día igual a mañana. Ese cambio lo traen el capellán Antonio Viera y el sacerdote José Antonio Benítez, que se acercan puntuales a este lugar para acompañar y escuchar a los inmigrantes a quienes, con orden de expulsión en firme, el estado prevé deportar en menos de 60 días.

Viera, párroco de la Iglesia de la Vega de San José y Benítez, de la de Las Rehoyas, las dos en Las Palmas de Gran Canaria, forman parte del Secretariado Pastoral de Migraciones. Ambos, de espíritu y acciones firmes pero de tratos suaves, han escuchado decenas de sueños pospuestos e historias de resistencia durante los últimos meses. Y a esas mismas personas con un propósito dibujado en sus ojos las han visto partir. Como a los nueve migrantes senegaleses y uno gambiano que fueron deportados a Mauritania para después ser transportados por las autoridades de ese país a la frontera con Senegal. Esto fue en noviembre cuando el Ministerio del Interior decidió retomar los vuelos de deportación que quedaron suspendidos tras el estado de alarma decretado en marzo. Este primer vuelo fue la avanzadilla de los que se han producido en las últimas semanas con destino a Marruecos y que han traslado a migrantes de este país que llegaron a Canarias en los últimos meses.

Ese primer vuelo postconfinamiento, Viera lo recuerda con profundo dolor porque justamente el día anterior había visitado a los chicos. Pero sobre todo, la tristeza nace de la manera en la que se articulan estos traslados. Tal y como detalla, los chicos salen esposados, los meten en una guagua con destino al aeropuerto, van custodiados durante el vuelo y no reciben bebida ni comida. Una vez en suelo mauritano, describe según los testimonios aportados por los jóvenes, “se les dejó en una habitación sin comida ni bebida. Incluso me describían que si se tenían ganas de orinar tenían que hacerlo en una botella”. “Es una situación de vulneración de la dignidad de la persona. ¿Por qué tienen que ir esposados si además es gente que no ha cometido ningún delito y no van a hacer nada?”, denuncia.

Antes de que llegue ese día, Benítez y Viera están una hora en el patio durante sus visitas semanales con estos chicos candidatos a la expulsión. Durante este rato los escuchan, les recuerdan sus derechos y que pueden solicitar un abogado. También hablan con sus familiares que están fuera para tranquilizarlos o interceden con las personas oportunas sobre algún asunto que les inquiete. “Pero fundamentalmente es no perder la importancia del saber estar, de estar con ellos, que nos vean como personas que no vamos a exigirles nada ni les vamos a pedir nada a cambio”, subraya Benítez. Además, antes del confinamiento, cuando el CIE permanecía lleno, intentaron mitigar las dificultades de comunicación que reinaban en el recinto y para ello aportaron tres rúteres inalámbricos que permitieron a los jóvenes hablar con sus familias. Las personas extranjeras también han recibido ropa y calzado y clases de español gracias a un grupo de voluntarios del Secretariado.

El mecanismo de la deportación es uno de los recursos contemplados en la política de extranjería dictada por la UE. Sin embargo, en 2020 se han vivido en Canarias también otras situaciones denunciadas por ambos párrocos. Los dos recuerdan la falta de atención jurídica y de traductores en el muelle de Arguineguín o los errores a la hora de apuntar la fecha de nacimiento o un apellido con las consiguientes trabas burocráticas para pedir la documentación de la persona migrante. “Lo que hemos vivido en estos tres meses, hasta que empezaron las denuncias, ha sido una vulneración, una tras otra, de derechos humanos fundamentales, reconocidos y ratificados por el Gobierno de España”, sentencia Benítez.

La dureza de lo que han visto y escuchado en los últimos meses deja huella. En esto coinciden los dos capellanes. “Cuando ves que, además, lo van a devolver (al migrante), lo que supone también un trauma para la persona volver a su país, fracasado en su proyecto migratorio que tenía, eso duele”, confiesa Viera. Pero de esta sensibilidad hacia las diferentes realidades nace precisamente la implicación de ambos. Benítez vincula este activismo con el mensaje que ha lanzado el Papa Francisco sobre cómo debe construirse la Iglesia en la actualidad: “Es importante que la Iglesia vaya saliendo de la sacristía. El Papa Francisco dice que prefiere una iglesia herida a estar aburguesada”, indica. Por ello, considera que este acercamiento le dota a la Iglesia de “esa utopía de denunciar y anunciar esa buena noticia donde todos lo hombres somos iguales, en donde no existen diferencias de raza, ni de opinión y que por el hecho de ser humano, esa dignidad nadie se la puede arrebatar a nadie”, aclara Benítez.

Viera considera fundamental el acercamiento para lograr esa igualdad y evitar situaciones de discriminación. “Yo creo que existe un fariseísmo social con las personas migrantes, por un lado no se les reconoce sus derechos y se les rechaza y, por otro, los utilizamos” y recuerda que fueron las personas extranjeras las que durante la pandemia recogieron la fruta y las verduras y son las que también atienden a mayores y niños. Por eso resalta que la clave es conocer y escuchar a la persona: “Cuando tú conoces a la persona deja de ser un número o de ser uno que viene a quitarle el trabajo a otro y comienzas a poder reconocerle como persona con derechos, como podemos tenerlos tú y yo”, destaca.