La saturación en la acogida amenaza con la exclusión a los menores migrantes de Canarias

La acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias “ha tocado techo”. La Comunidad Autónoma lleva más de un año advirtiendo que no puede afrontar sola la atención de los miles de niños y niñas que han llegado solos a las Islas por vía marítima. Los últimos datos oficiales cifran en 2.689 las personas acogidas en dispositivos del Ejecutivo autonómico. La “sobreocupación” de los centros y el tapón eterno en las pruebas de determinación de la edad han hecho de la inclusión social de los menores una tarea casi imposible. 

Yousef* ha sufrido el impacto de este bloqueo a la integración. Tiene 18 años, pero antes de cumplir la mayoría de edad pasó por tres centros diferentes de Gran Canaria. El joven saharaui llegó al puerto de Arguineguín cuando había miles de personas hacinadas y recuerda haber pasado dos noches en el suelo.

Ahora vive en la calle con un amigo que se fugó de otro recurso de acogida porque para él, era “una cárcel”. “Yo quería estudiar y aprender algo, pero no te dejan. Solo podía hacer tareas en la cocina o en la lavandería”, cuenta. Cada día pueden comer gracias al reparto que realizan algunos voluntarios. Por las noches, buscan chatarra para venderla y ganar algo de dinero, aunque el sueño de Yousef es ser camarero y ayudar a su familia. 

La mayoría de los centros de acogida están instalados en la provincia de Las Palmas. Por islas, Gran Canaria cuenta con 30 dispositivos de emergencia del Gobierno regional, Tenerife con 15 y Fuerteventura con tres. A estos se suman los hogares que gestionan los diferentes Cabildos insulares. “Desde hace meses, Canarias cuenta con serias dificultades para crear nuevas plazas. Existe un alto volumen de llegadas a la provincia oriental que, además, es la que más recursos habilitados tiene. La situación es muy complicada”, cuentan desde la Consejería de Derechos Sociales. En cuanto a los recursos comunitarios dirigidos a procurar la inclusión e integración de los menores migrantes no acompañados, también están al límite.

El área que dirige Noemí Santana no se ha cansado de pedir solidaridad a otras comunidades autónomas. Pero hasta el momento, solo 208 menores han sido reubicados en otras regiones. 43 niños y niñas han viajado a Cataluña. Castilla y León y Extremadura han recibido 25 menores cada una. Les siguen Aragón (20), Cantabria (20), Asturias (16), Valencia (16), Galicia (15), Navarra (15) y Castilla La Mancha (6). Madrid es la comunidad que menos plazas ha ofrecido, acogiendo a cinco menores.

“Canarias necesita más apoyo del Estado, más recursos alojativos y económicos. Es necesaria la creación de plazas en las distintas autonomías que permitan aliviar la sobreocupación que hay en los recursos ya existentes”, aseveran desde Derechos Sociales. 

El tapón infinito de las pruebas de edad

Todos los menores de 16 años, según el Gobierno canario, están escolarizados “tal y como establece la ley”. A los mayores de 16 años se les incluye en ciclos de formación profesional y para el empleo. Sin embargo, en el Archipiélago hay 1.304 personas migrantes que permanecen en un limbo a la espera de las pruebas que determinen su edad y sin poder dar un rumbo concreto a su estancia en las Islas.

El tapón en estas pruebas se ha enquistado en estos últimos años. La cifra de menores que esperan por estos test no ha bajado de 1.000 desde que la ruta migratoria hacia Canarias se reactivó en 2019, un colapso que el Ejecutivo atribuye a la continua llegada niños y adolescentes en embarcaciones precarias. 

Los meses de parón se traducen en frustración. “Están meses entre cuatro paredes. La sobrecarga de los centros dificulta el trabajo de integración y hay adultos en espacios para menores”, resumió hace ya un año a este periódico Mame Cheikh, el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC).

La derecha intenta sacar rédito político 

Los centros de menores también han sido escenario de peleas y de denuncias por supuestos abusos sexuales y maltrato a menores. La crispación que ha provocado la saturación de los recursos ha alimentado el discurso antiinmigración de la derecha canaria. En noviembre de 2021, Vox, el Partido Popular y su escisión, Unidos por Gran Canaria, apoyaron una manifestación de vecinos en Tafira, uno de los barrios con mayor renta bruta de Las Palmas de Gran Canaria, para exigir ''más control'' para los menores extranjeros. Según estos partidos, están generando en las calles ''una sensación de inseguridad''. También Coalición Canaria se sumó a esta protesta a través de un comunicado. En él, pedía más vigilancia a los menores para ''evitar que crezca el discurso racista y xenófobo''.

También en el sur de la isla, la alcaldesa de Mogán intentó echar de su municipio a los menores que estaban siendo acogidos en los complejos turísticos de este enclave turístico. Onalia Bueno ordenó una inspección en estos establecimientos por ser utilizados para asistir a personas migrantes. Además, amenazó con multar a los empresarios con 300.000 euros si seguían destinando sus infraestructuras a fines humanitarios.