Trabajadores de Las Raíces defienden a los acusados del motín: “Usaron las cuchillas para autolesionarse, no para agredir”

''Los acusados utilizaban las cuchillas para autolesionarse, no para agredir''. Trabajadores de la ONG Accem, encargada de gestionar el recurso de acogida para migrantes con más capacidad de Canarias, han declarado como testigos este miércoles en el juicio contra cuatro hombres por supuestos delitos de lesiones y desórdenes en este campamento el pasado 24 de abril. Según el escrito de la Fiscalía, ese día se produjo una avalancha mientras los usuarios hacían fila para ducharse por la tarde. En ese momento, uno de los acusados aprovechó para agredir a una mujer agente de seguridad.

Este mismo documento recoge que los cuatro acusados rodearon a los trabajadores de seguridad y los amenazaron con cuchillas de afeitar, navajas y palos con cuchillas incrustadas en la punta. Uno de los trabajadores de la ONG ha asegurado en el juicio que no vio a los usuarios amenazar a los seguritas con cuchillas, pero sí vio a algunos que utilizaban las hojillas de afeitar para autolesionarse y hacerse cortes en las rodillas.

''En ese momento había 1.500 personas. El contexto era de frustración. Muchos habían pasado por el puerto de Arguineguín y llevaban mucho tiempo en la isla'', explicó el responsable de intervención del campamento en su declaración como testigo. Otro de los trabajadores añadió que es habitual que los migrantes se autolesionen en Las Raíces. ''La razón que tiene cada uno puede ser muy diferente, pero hemos observado cómo muchos de ellos se autolesionan con el fin de relajarse y no exteriorizar su frustración con otras personas''.

La psicóloga de referencia de uno de los acusados negó que él participara en el motín contra los agentes de seguridad, ya que en ese momento sufría una crisis de ansiedad y estaba con ella intentando tranquilizarse. El usuario, además, requería un seguimiento específico por parte de la profesional por su estado de salud mental.

En el juicio también han participado como testigos cuatro miembros de la empresa de seguridad Segurmáximo, contratada para la vigilancia de este recurso de acogida. La agente que ha denunciado una agresión por parte de uno de los acusados defiende que este, en lugar de acceder a la ducha por el camino habilitado, pasó ''por encima'' de ella. Después, se produjo una “avalancha”. ''Sufrí heridas en la pierna. Me dieron un codazo en el oído y me dolía mucho el pecho, porque me pasaron por encima“, contó.

Sus compañeros redujeron al hombre que le pasó por encima y lo trasladaron al cuarto de mantenimiento para separarlo del resto. ''Vimos que no era un lugar seguro porque había muchos instrumentos de metal con los que nos podían agredir'', cuenta. Entonces, se desplazaron hasta la entrada del edificio central, donde otros compañeros de seguridad habían organizado un cordón. Durante el traslado, un grupo de usuarios comenzó a ''lanzar piedras'', a increpar y a proferir amenazas de muerte, según el testimonio de la testigo.

Otro trabajador de Accem ha descrito como ''sobredimensionado'' el cordón de seguridad que se organizó en la puerta principal de las oficinas. ''En ningún momento la actitud fue atacante'', matizó. Otra trabajadora de la zona de las duchas ha explicado que estaban acostumbrados a que la entrada a las duchas fuera tensa, ya que los migrantes sabían que había poca agua caliente y querían entrar los primeros. Además, estaban en pleno Ramadán.

El campamento de Las Raíces ha sido criticado en varias ocasiones por usuarios, figuras políticas y activistas por estar en uno de los puntos más fríos de Tenerife. Además, son acogidas allí personas de diferentes nacionalidades que conviven en las mismas carpas.

Esta misma trabajadora, responsable de que los usuarios conserven la mascarilla hasta que se abra la puerta de las duchas, niega que la segurita haya sufrido agresiones por parte del usuario, que solo ''bromeaba con ella''.

El juicio se reanudará este jueves en la sección quinta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife con las declaraciones de médicos y agentes de la Policía Nacional. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para cada una de las cuatro personas por estos disturbios. Los procesados se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, por delitos de desórdenes público, amenazas y delito leve de lesiones.