Por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco han pasado en las últimas semanas decenas de migrantes desde que España retomó las deportaciones semanales desde Canarias. De este edificio, que fue una prisión durante la Segunda República y el franquismo, han escapado este lunes 20 personas para evitar ser expulsados y por ''la mala gestión de la comidas durante el Ramadán'', que comenzó el 1 de abril y concluyó este domingo.
Durante este mes, las personas musulmanas ayunan desde que sale el sol hasta que se pone. Algunos internos han denunciado que en el CIE ''no se respetaba el horario de comida'' para que pudieran cumplir con esta tradición, por lo que iniciaron el pasado viernes una huelga de hambre. La Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife ha asegurado en un comunicado que la comida que recibían estaba en mal estado y que ''muchos de ellos sufrían de diarrea''.
Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Canarias, de las 20 personas que se fugaron, once han sido ya localizadas y detenidas. ''Esta madrugada se detectó la salida de internos saltando los muros. Tres de ellos han sido enviados a un centro hospitalario, pues presentan lesiones generadas al escalar los muros y saltarlos'', ha adelantado la jueza de control del CIE de Barranco Seco.
Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguran que no tienen constancia de que se haya organizado una huelga de hambre el fin de semana. Sin embargo, voluntarios que ofrecen acompañamiento y asistencia a los internos dentro del centro de Gran Canaria han asegurado a este periódico que esta protesta sí fue impulsada por algunos migrantes.
Desde Somos Red, una plataforma ciudadana de solidaridad con las personas migrantes creada en 2020 durante la crisis de acogida, apuntan que al menos 15 personas secundaron esta huelga ''al no soportar más los malos tratos recibidos en este centro, la falta de atención médica, la falta de respeto a sus creencias y un maltrato físico y psicológico''. ''Según nos contaban, uno de los internos tiene una infección que no ha sido correctamente tratada y, queriendo los compañeros llevarle la comida a la habitación debido a que su estado no le dejaba ir al comedor, no se lo permitieron'', aseguran desde la plataforma.
Las carencias de Barranco Seco
Las condiciones en las que son retenidos los migrantes en el CIE de Barranco Seco han sido objeto de críticas por parte de organizaciones sociales, de jueces e incluso del Defensor del Pueblo. Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo concluyó que las personas internadas no contaban con material suficiente de ocio, de lectura o deportivo suficiente y que tampoco gozaban de servicios de asistencia social ni cultural.
En 2020, durante la crisis del coronavirus, Arcadio Díaz Tejera, el entonces juez de control, describió el CIE como ''una ratonera''. Cuando el edificio reabrió, después de haber estado cerrado para evitar la propagación de la COVID-19, Díaz Tejera constató ''irregularidades y carencias''. ''La estética, los olores y los ruidos se asemejan a los de las cárceles de la dictadura'', declaró. Además, el juez criticó que no se llevaran a cabo actividades formativas ni culturales a pesar de que las personas internas fueran jóvenes con una media de edad de 20 años.
En Tenerife, el CIE de Hoya Fría también recibió duras críticas por el Mecanismo Nacional de Prevención en 2020. Un informe presentado por este órgano del Defensor del Pueblo probó que los migrantes no recibían asistencia psicológica ni psiquiátrica, carecían de atención jurídica y no disponían de intérpretes durante los servicios sanitarios. El cumplimiento del derecho a acceder al aseo por las noches era ''parcial o incompleto'' y los migrantes tampoco contaban con material sociocultural suficiente.
Asistencia jurídica
En la actualidad, la asistencia jurídica a las personas migrantes dentro de Barranco Seco sigue siendo cuestionada. Este periódico publicó que dos jóvenes senegaleses fueron internados en este CIE a pesar de que sus órdenes de devolución fueron emitidas en 2020. Ambos fueron arrestados en el aeropuerto de Gran Canaria cuando volvían de la Península para seguir trabajando. ''La Audiencia Provincial de Las Palmas y también la de Santa Cruz de Tenerife han dicho que los acuerdos de devolución fenecen cuando el inmigrante alcanza la libertad dentro del territorio“, especificó su abogado, Daniel Arencibia, a este periódico.
Arencibia asegura que encontró obstáculos por parte de los agentes de la Policía Nacional para poder ofrecer asistencia jurídica a sus clientes como abogado particular porque estos ya habían sido atendidos por un abogado de oficio. Tras varios intentos, el abogado pudo hacer su trabajo y uno de los senegaleses quedó en libertad.
La abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye también tuvo que sortear trabas en una comisaría de Las Palmas de Gran Canaria para ejercer de abogada particular de cuatro jóvenes que finalmente fueron deportados al Sáhara Occidental. ''Les privaron del derecho a la defensa por ser migrantes'', denunció.