La Justicia suspende el protocolo canario de atención a menores migrantes del Gobierno de Clavijo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias ''por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia'' y ''sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo''.

La Fiscalía alerta de que, de ejecutarse el protocolo, ''quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional''.

El Ministerio Público recurrió este miércoles el plan aprobado por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular por vulnerar los derechos fundamentales de los niños que llegan a Canarias en situación de desamparo. La Fiscalía presentó el recurso después de advertir al Ejecutivo regional de que su protocolo discriminaba a los menores migrantes por razón de origen. ''En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores'', apuntó la fiscal María Farnés.

“Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados”, sentencia la fiscal superior de Canarias.

Tras reunirse con el Estado el martes en Madrid, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tildó las conclusiones de la Fiscalía de ''ridículas''. ''Nos reafirma en el trabajo que hacemos. Solo si nos negásemos a recibir a un menor reseñado e identificado, incurriríamos en abandono'', dijo. Clavijo también ha arremetido contra el Gobierno central por dar los primeros pasos para recurrir ante el Tribunal Constitucional el protocolo por un posible conflicto de competencias. ''Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias'', dijo.

El protocolo obliga a los menores a pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. El escrito que la fiscal María Farnés presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recoge que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño.  ''Su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los menores llegan al Archipiélago, concluye la Fiscalía.

La medida, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 12 de septiembre, introduce nuevos requisitos a la acogida de menores migrantes, cuya tutela corresponde a la comunidad autónoma. Al pisar tierra firme, los menores tendrán que ser identificados por la Policía y ser inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA). También tendrán que obtener una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada por parte del Estado. Cuando tengan estos tres documentos, la Administración General del Estado debe comunicar al Gobierno canario la presencia de un menor migrante ''en condiciones de ser entregado''.

Una vez cumplidos estos trámites, el Ejecutivo regional deberá ''verificar'' que hay plazas disponibles en su red de recursos. Después, los menores, en lugar de ser trasladados directamente a los centros, serán entregados a la comunidad autónoma por agentes policiales en las comisarías de la Policía Canaria localizadas en Gran Canaria y en Tenerife o en lugares habilitados en el resto de islas en presencia de un policía autonómico o un funcionario público habilitado.

''No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales'', concluyó en un documento la Fiscalía Superior de Canarias. A pesar del rechazo del Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias ya ha dado directrices a la Policía autonómica para empezar a aplicar el nuevo protocolo. En un documento al que ha tenido acceso a Canarias Ahora, la Consejería de Seguridad especificaba al cuerpo autonómico todos los trámites que debe realizar antes de que los niños entren al sistema de protección.