Todas las veces que la recuperación del turismo se utilizó como arma arrojadiza contra la inmigración

Desde hace unos meses ha ganado fuerza en Canarias una relación de causa-efecto en las manifestaciones para “salvar el turismo” de las Islas: cada vez que se anuncian, el discurso se enrosca, no se hace mención a la pandemia como causante de la debacle hotelera y se señala a la población migrante culpable de todos los males.

En Fuerteventura había una nave donde las personas que llegaban en pateras y cayucos al Archipiélago pasaban la cuarentena por COVID. Esa nave ha sido desalojada después de una inspección de Amnistía Internacional pidiendo su cierre por las “condiciones deleznables” en las que se encontraba (mínimas medidas de higiene, hacinamiento, privación de libertades), y los migrantes han sido recolocados en un hotel para proseguir con el periodo de aislamiento, algo que varios empresarios de la isla han tildado de “aberración”.

“Quedan pocos días para conocer si, por fin, los turistas británicos van a volver a la Isla, y a Caleta de Fuste, y no los podemos espantar con noticias de este tipo”, dijo el presidente de la patronal turística de Fuerteventura, Antonio Hormiga. “La solución a la crisis migratoria no es hipotecar la recuperación económica de Fuerteventura”, apuntó el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret.

No es la primera vez que el libro defensor del turismo se rellena con capítulos xenófobos y palabras cargadas de culpabilidad hacia los migrantes. En ese marco no se suelen destacar las consecuencias negativas de la pandemia, ni el cierre de los países emisores de viajeros ni tampoco las restricciones a la movilidad para contener la expansión del virus.

En un principio se utiliza el lema Save Tourism. Luego se acude al eslogan “No a la inmigración”. La emisora Radio Top21 lo hizo cuando convocó una cadena humana el pasado 20 de marzo en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. Decenas de personas se reunieron en Playa del Inglés motivadas por un cartel que rezaba “basta ya de la situación actual” y escucharon consignas del tipo “Canarias no se vende” o “se les atiende [a la población migrante] con nuestros impuestos, ¡es lo peor que tenemos a día de hoy!”. Estas proclamas fueron respaldas por Alejandro Marichal, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

También en el sur de Gran Canaria se han celebrado manifestaciones similares que han recibido el aval de las corporaciones locales. La mayoría han sido organizadas por la Plataforma Salvemos el turismo en Mogán (creada poco después del estallido de la crisis de acogida y no tras el cero hotelero provocado por la pandemia), liderada por Carmelo Suárez, quien ha defendido que “está en peligro que los turistas regresen a Canarias si los migrantes continúan alojados en los hoteles”. 

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Suárez se dedica a concatenar loas a Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, por la decisión que tomó cuando envió a Las Palmas de Gran Canaria a más de 200 migrantes sin alternativa habitacional ni comida que fueron expulsados del muelle de Arguineguín tras superar el máximo de 72 horas bajo custodia policial.

Bueno, por su parte, se ha erigido como “defensora” del pueblo migrante. En declaraciones a un medio local, considera “vergonzoso” que le haya tocado acaparar el foco mediático para, dice, “hacer reaccionar al Estado porque no existía relación entre instituciones y se vulneraban derechos”.

La regidora de Mogán se ha dejado ver en alguna que otra manifestación junto con Alberto Rodríguez, diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, y carteles al grito “no a la invasión”. Asimismo, pidió que se inspeccionaran los apartamentos que acogen a menores migrantes no acompañados después de amenazar a los hoteleros con multas de hasta 300.000 euros si en 2021 cedían sus instalaciones a fines humanitarios.

Esas advertencias se materializaron. Onalia Bueno ha sancionado a diez hoteles este año por alojar a personas migrantes. Se escuda en que los contratos finalizaban el 31 de diciembre, que el Estado no movió ficha para levantar recursos de acogida de manera inmediata y que en el primer trimestre de este curso iban a llegar los primeros turistas. Eso no ha pasado. Pero Bueno, en declaraciones a La Sexta, se mantiene en sus trece.

“Lo turoperadores nos decían que el turismo era incompatible con la inmigración (…) Ellos se han sentido preocupados de esa imagen que hemos dado con los problemas que nos ha ocasionado un grupo reducido de migrantes en Mogán y San Bartolomé de Tirajana”. Bueno habla de un “pequeño” colectivo de migrantes que ha protagonizado varias reyertas en la zona.

Pero según datos de la Delegación del Gobierno, las infracciones cometidas por personas llegadas en pateras y cayucos son 122 desde octubre de 2020. 60 son delitos de falsedad documental y el resto (45) “tienen relevancia en relación a la seguridad”. Además, acorde al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, el total de infracciones penales en San Bartolomé de Tirajana cayó un 31,6% en 2020. 

Otro de los que ha utilizado la recuperación del turismo como arma arrojadiza contra la inmigración es Santiago Abascal. “Además de afrontar la crisis económica, la sanitaria y política, con un gobierno que ataca las libertades, Canarias tiene que afrontar una crisis de inmigración que ataca frontalmente a lo que da de comer a los canarios. Esta comunidad hoy se desangra por culpa de la inmigración ilegal. No aceptamos la invasión a la que nos quieren condenar”, esbozó el líder de Vox en su visita al Archipiélago.

Ana Oramas tampoco ha dudado en vincular la caída turística con la inmigración. “¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moira?”, planteó la diputada de Coalición Canaria en el Congreso. “¿Hasta cuándo vamos a pagar pensión completa a 6.000 personas alojadas en hoteles mientras los canarios mueren de hambre?”, continuó. Sobre esto también se posicionó Pablo Casado, quien valoró que la crisis migratoria es “la puntilla para el turismo y el empleo”.

Esta no es la primera vez que se multiplica el flujo migratorio de África hacia Canarias. En 2006, durante la llamada crisis de los cayucos, alcanzaron las Islas de forma clandestina más de 31.000 migrantes. Ese año llegaron a las Islas 10,3 millones de turistas. Parece ser que en ese momento no era “incompatible” el turismo con la migración, como repite Onalia Bueno.