El Gobierno ha destacado este viernes que el estado de alarma, que finalizará mañana sábado a las 24 horas, ha cumplido con su misión fundamental al garantizar “sin problemas” el derecho a volar de los españoles en épocas complicadas, como las fechas navideñas, además de permitir “encauzar” el final del conflicto con los controladores.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la declaración del estado de alarma fue “excepcional”, pero ha surtido sus efectos al garantizar el derecho de los usuarios a viajar, que de una forma “espectacular y dañina” se ha visto mermada.
Rubalcaba informó de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó este jueves el real decreto que revoca la militarización del control del tráfico aéreo, que entró en vigor el 4 de diciembre, y que se publicará mañana, coinciendo con el fin del estado de alarma, con lo que los militares se retirarán de las torres y dependencias de control a las 24 horas del sábado.
“Entendemos que los objetivos se han cumplido, el primero y el más importante el de garantizar la normalidad en los aeropuertos en los primeros días y en unas épocas complicadas donde los españoles que se han traslado en avión estas navidades lo han podido hacer con normalidad, por lo que nos sentimos satisfechos”, valoró.
El fin del conflicto, “encauzado”
Rubalcaba añadió que el final del conflicto con los controladores aéreos está “encauzado”, ya que ha habido diálogo entre AENA y el colectivo, y éste ha fructificado con algunas decisiones que marcan ya su fin “de forma temporal pero clara”.
En esta línea, recordó que dentro de la negociación entre ambas partes se ha acordado “la designación de un árbitro, un catálogo de temas y un calendario” y señaló que se han pactado los mecanismos para poner fin a dicho conflicto.
Finalizada la negociación el 31 de enero, Miguel Pimentel, el árbitro designado, tendrá de plazo hasta el próximo 28 de febrero para dictar un laudo que será de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable para ambas partes.