La Fiscalía Anticorrupción contestó este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, desmantelada en la denominada Operación Gürtel, corresponde a los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, por estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de ambas autonomías. De esta forma, la fiscalía viene a admitir que no ha encontrado indicios contra diputados nacionales del PP, cuyo procesamiento correspondería al Supremo.
De este modo, la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, una cuestión sobre la que fue preguntada expresamente por Garzón el pasado día 25. El magistrado señaló en una providencia que los últimos informes policiales apuntaban a a casos de aforados nacionales (diputados del Congreso, senadores o europarlamentarios), por lo que la causa debería elevarse al alto tribunal.
En una escueta nota de prensa remitida hoy por el Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción ni siquiera menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, “en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de 'Exposición Razonada' tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana”
Añade que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará “sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción de la causa (Art. 25 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) hasta tanto se resuelva la competencia por los Órganos Judiciales competentes”, concluye la nota.
Aforados
La primera interpretación que debe darse al informe de la Fiscalía es que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales del PP.
El día en el que Garzón elevó su petición a Anticorrupción distintos medios apuntaron que los posibles aforados serían el tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote. Por su parte, el propio Garzón negó “rotundamente”, a través del Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional, que otro de los posibles aforados fuera el diputado Esteban González Pons, tal y como se señalaba en otras publicaciones.
La respuesta de la Fiscalía se produce siete días después de que la solicitara Garzón, a pesar de que en la misma providencia el magistrado daba un plazo de 48 horas al Ministerio Público para entregarle el informe. Anticorrupción le contestó un día después que no cumpliría con el plazo, y que respondería tras analizar pormenorizadamente el informe policial al que se refería Garzón en su petición.
En su breve providencia del pasado miércoles, Garzón apuntaba que la Policía le había presentado un nuevo informe indicando que en la trama estarían implicados nuevos aforados (además de los que correspondería investigar a los TSJ de Madrid y Valencia).
A la luz de este informe, Garzón preguntó a las fiscales anticorrupción que llevan este caso -Miriam Segura y Concha Sabadell-, si mantenían su petición de inhibición a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid o si consideraban más procedente realizar una única inhibición ante el Tribunal Supremo.
El escrito --en el que no se citaba el nombre de ningún aforado-- sugería también que los hechos que implican a los aforados del Tribunal Supremo están conectados con los atribuidos indiciariamente a políticos de la Comunidad de Madrid que están siendo investigados en esta causa.
La pregunta de Garzón a la Fiscalía se hizo pública apenas una hora después de que el PP presentara ante el alto tribunal una querella en contra del juez por prevaricación. En la providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se refería en plural a “aforados de Valencia, de Madrid y ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, de lo que parecía deducirse que las personas sujetas a fuero e implicadas en la causa son al menos seis.
Informe policial
El informe policial remitido al instructor por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) contiene “nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la revisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un posible nuevo casos de aforamiento”, según la providencia de Garzón.
Garzón ya había adelantado el 20 de febrero su intención de inhibirse de la causa sobre la denominada 'Operación Gürtel' al hallar indicios de responsabilidad penal contra cargos aforados del PP susceptibles de ser investigados por tres tribunales distintos. Así, el juez encargó al Servicio de Reprografía de la Audiencia Nacional tres copias de las actuaciones, al objeto de “resolver lo oportuno sobre la inhibición”.
En aplicación del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) si las diligencias previas abiertas apuntan a la intervención en la presunta trama de corrupción de aforados nacionales, como en este caso, el magistrado puede dirigirse de forma directa a la instancia superior, es decir, al Tribunal Supremo. Para ello no necesita del permiso de la Fiscalía.
El señalado artículo regula que, si bien “cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario”, aquellos “delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso”.
En la causa están imputadas 37 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido “dádivas y sobornos” a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.