La decisión del fiscal de retirar la acusación al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el homenaje a la etarra Olaia Castrena sembró la discordia entre el tribunal que le juzgó el pasado miércoles y la Fiscalía, lo que este viernes desembocó en un cruce de descalificaciones entre ambos órganos.
La sentencia por estos hechos notificada este viernes por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -constituida por Fernando Bermúdez de la Fuente (presidente), Paloma González Pastor (ponente) y Juan Francisco Martel- supuso el punto álgido en este enfrentamiento que comenzó semanas antes de la vista oral. En su resolución, hecha pública dos días después del juicio, el tribunal asegura que había “prueba de cargo directa, objetiva y suficiente” para condenar a Otegi, y que sólo la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía -única parte acusadora-, ha impedido hacerlo.
La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar y, poco después de hacerse pública la resolución, fuentes del Ministerio Público la calificaron de “pataleta infantil e impropia” de un tribunal, además de tildar de “teatro vergonzoso” todo lo ocurrido alrededor de este proceso. Según esas fuentes, la sentencia “es fruto de que se juzga a las personas y no los hechos”, y la compararon con la dictada en el caso del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, al que se impuso una pena de 12 años y 7 meses de prisión por un delito de amenazas terroristas que luego el Tribunal Supremo rebajó a tres años.
Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió horas después un comunicado en el que consideraba que la sentencia demostraba la falta de imparcialidad del tribunal en este caso, dado que al ser retirada la acusación “no puede declararse la existencia” de delito. “Los términos en los que se ha redactado la sentencia constituyen un hecho insólito y sin precedentes en la historia judicial, puesto que al no existir acusación en un proceso penal no puede declararse la existencia de hecho delictivo alguno”, destacaba el comunicado.
La Fiscalía, que reprochó también al tribunal que no hiciera uso en el juicio de “los mecanismos legalmente previstos para mostrar su disconformidad con la posición del Ministerio Fiscal al retirar la acusación”, cree que “todas las críticas que se están haciendo lo son en clave política”.
La resolución incluye la ausencia de toga
Por su parte, fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron que la Fiscalía tenía planeado retirar la acusación al dirigente de la ilegalizada Batasuna antes de celebrarse el juicio, ya que esa intención había sido adelantada previamente por varios medios de comunicación. Según esas mismas fuentes, el fiscal del caso, Fernando Burgos, llegó al juicio con sus conclusiones definitivas ya escritas -en las que defendía la retirada de la acusación-, lo que indica que tenía ya adoptada su decisión, independientemente del resultado de la prueba que se practico en la vista.
El enfrentamiento entre la Fiscalía y la Sala que juzgó a Otegi comenzó a gestarse antes del juicio con el doble intento del Ministerio Público de aplazar la vista hasta que se aclarara la situación de otras dos personas a las que no afectaba este procedimiento por haber sido absueltas en sentencia firme y que, sin embargo, habían sido citados como acusados. Tras rechazar esos intentos de la Fiscalía, la sección cuarta mantuvo el juicio sólo para Otegi y declaró en rebeldía a uno de los absueltos, Jon Salaberria -huido de la Justicia desde 2005- y apartó del procedimiento a Araitz Zubimendi, quien finalmente, tal y como solicitó el fiscal compareció como testigo en la vista.
La misma mañana en que iba a celebrarse el juicio, la Sala tuvo que aplazarlo por la incomparecencia de Otegi, que, a través de su abogada, alegó haberse quedado atrapado en la nieve. Los magistrados en su sentencia reprochan en este punto al fiscal y a la abogada que se presentaran ante ellos “sin toga” y añaden que pidieron a Goirizelaia que concretara en qué punto kilométrico se encontraba el acusado, sin que ésta facilitara respuesta alguna, “limitándose a comunicar, transcurrido un lapso de tiempo”, que su cliente había regresado a su domicilio en Elgoibar (Guipúzcoa).
Por ello, explican, ante la falta de justificación “objetiva” de la incomparecencia de Otegi, el tribunal ordenó su detención para que fuera conducido ante la Sala por la fuerza, lo que se produjo diez horas después de la hora señalada para el comienzo del juicio.
Reacciones de los partidos
El líder del PP, Mariano Rajoy, acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de “no haber dejado a los jueces” que juzgaran a Arnaldo Otegi, al tiempo que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le respondió que “en su desesperación por recuperar el poder, se está saltando todos los límites”.
Rajoy afirmó que la absolución de Otegi es el “penúltimo escándalo de un presidente del Gobierno que va hacia ninguna parte” y consideró que Zapatero “está jugando al límite, generando incertidumbres, provocando división y pretende radicalizar a los españoles”. En el acto de clausura de la XII Interparlamentaria del PP que se celebra en Valladolid, Rajoy señaló que se trata de un “trato de privilegio a una persona que incumple la ley, liquida el Estado de Derecho y significa que Zapatero no ha dejado a los jueces que se juzgue” al portavoz de la ilegalizada Batasuna “y por eso han tenido que absolverle”.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Ejecutivo no da órdenes al fiscal y precisó que no da “ninguna orden ni ninguna instrucción a la Fiscalía en ningún caso, ni ahora, ni antes, ni nunca”. De la Vega afirmó que Rajoy, “en su desesperación por recuperar el poder, se está permanentemente saltando todos los límites” y consideró que la reacción del PP tras la decisión de la Audiencia Nacional “no es razonable, ni responsable”.
Ante la resolución de la Audiencia, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Leopoldo Barreda, solicitó la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o su cese por parte del Gobierno, “en vista de su incapacidad para perseguir el delito” en el caso Otegi. “Es la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía la que ha impedido por decisión política que pueda haber una condena en este juicio”, subrayó.
La abogada y dirigente de Batasuna, Jone Goirizelaia, dijo sobre la absolución de Otegi que “lo extraño” hubiera sido “condenarle por expresar opiniones políticas”. Afirmó que el juicio “no era un proceso jurídico, sino que quedaron patentes claras connotaciones políticas” ya que los magistrados que lo juzgaron, dijo, “representan al Partido Popular”.
“Pura histeria” del PP
Por su parte, el dirigente de IU, Gaspar Llamazares, calificó de “pura histeria” la reacción del PP y consideró que “esta obsesión compulsiva del PP” por la “cuestión antiterrorista como arma de partido” es “puro tremendismo y utilización partidista”.
En su opinión, el PP ha perdido los papeles e intenta aplicar la lógica de excepción a todos los poderes del Estado“. Para Llamazares, la decisión del fiscal ”era de esperar“ y ”a nadie sorprende que se consideraran dentro del derecho de opinión sus expresiones“.
El ex ministro de Defensa José Bono señaló que a Otegi hay que juzgarle por sus hechos y confió en que el fiscal haya tomado la decisión de acuerdo con el ordenamiento jurídico. La europarlamentaria socialista Rosa Díez dijo que “las imágenes de Otegi siendo llevado por la Guardia Civil para después marcharse a su casa, sin cargos, son unas imágenes que humillan a la democracia”.
El presidente andaluz y del PSOE, Manuel Chaves, dijo que las concentraciones que se produjeron ayer ante la sede de la Fiscalía General del Estado reflejan que la extrema derecha “está, desgraciadamente, en la calle”, y aseguró que “todos sabemos quién la ha sacado a la calle”. Chaves, que se encuentra en Roma, recordó que “estamos en un Estado de Derecho” y que las decisiones de las autoridades judiciales -de la Fiscalía y de la Audiencia- son “decisiones que hay que respetar, nos gusten o no nos gusten”.