Las alegaciones presentadas este lunes por ASB contra las demandas de ilegalización de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado piden a la “sala del 61” del Tribunal Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Partidos, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión.
Según informó una fuente del caso, esta cuestión de inconstitucionalidad está referida a tres artículos de la Ley de Partidos Políticos que, a juicio de Abertzale Sozialisten Batasuna, (ASB), “suponen la vulneración del derecho a la libre creación de formaciones políticas que establecen los artículos 6 y 22 de la Constitución Española”.
Tras explicar que las alegaciones incluyen jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional a este respecto, la citada fuente explicó que el Registro de Partidos Políticos no ha podido realizar un control material de legalidad de la documentación presentada por ASB, sino que se ha ceñido “exclusivamente aspectos formales de los estatutos” de esta formación.
La fuente consideró además que “el registrador debía haber inscrito el partido” y sólo posteriormente “instar el procedimiento”, en el caso de que entendiera que pudiera haber indicios de sucesión o continuidad con las formaciones ilegalizadas.
Esta fuente aclaró que todos estos asuntos están sustentados en tres artículos de la Ley de Partidos que son sobre los que, a su entender, la sala del 61 debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad al TC antes de dictar sentencia.
Las alegaciones se refieren también al hecho de que se decida no inscribir un partido político “sin conocer la actividad que va a desarrollar”, un supuesto que la fuente calificó de “realmente especial”, porque la Ley de Partidos dice que la ilegalización o disolución de una formación “ha de hacerse en función de la actividad y de la conducta o comportamientos que desarrolle”.
La citada fuente recordó que en este caso no hay actividad, porque ASB “ni siquiera se ha inscrito”.
Sobre este aspecto, las alegaciones incluyen jurisprudencia en la que el Tribunal de Estrasburgo estima las demandas de dos partidos turcos que fueron ilegalizados y a los que este tribunal otorga la razón argumentando que “se les había disuelto cuando todavía no habían tenido tiempo de llevar a cabo su actividad”.
Los documentación presentada por Abertzale Sozialisten Batasuna adjunta asimismo un documento del fiscal general del Estado, fechado el 16 de enero de 2006, que establece, según la fuente citada, que “quienes han pertenecido a las formaciones ilegalizadas no están privados de sus derechos y nada impediría que las mismas personas que integraron un partido suspendido o disuelto constituyan una nueva formación política”.
La fuente indicó que este escrito del fiscal cita además que resulta “obvio que tal proceso constituyente sólo sería posible mediante una acción organizada y conjunta de dichas personas”.
Las alegaciones de ASB rechazan asimismo que la inclusión de la palabra Batasuna en su nombre constituya un indicio de sucesión de esta formación y niegan que Abertzale Sozialisten Batasuna tenga la misma estructura organizativa que el partido ilegalizado.
Entre otras alegaciones, la documentación recuerda también que sus propios estatutos “dicen que es un partido con respeto a los principios democráticos y al pluralismo social y político”, que emplea “exclusivamente vías políticas y democráticas” y habla de “la defensa de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas en ausencia de cualquier tipo de violencia”.
La Fiscalía no halla relación entre los representantes de ANV y ETA
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declaró este lunes que la Fiscalía “no puede imputar a ningún representante de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su relación con banda armada”, en referencia a ETA.
“Sólo uno de ellos está vinculado con un procedimiento de la Audiencia Naciona”, del que han pasado “más de veinte años”, agregó.
Conde-Pumpido, que participó en la inauguración de unas jornadas de intercambio de experiencias en la lucha contra la corrupción con fiscales de Brasil, Panamá y Perú, afirmó que “todas las candidaturas electorales que parecen haber sido impulsadas por Batasuna ya han sido impugnadas por la Fiscalía”.
En cuanto a ANV, el fiscal general aseguró que se trata de “un partido legal”, pero que la Fiscalía está estudiando “si la candidatura es fraudulenta”, y que han analizado “la personalidad de todos los representantes” de esa formación para ver si estaban vinculados con ETA mediante unos “informes elaborados por las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
En un acto celebrado anteriormente en el Centro de Estudios Jurídicos, Conde-Pumpido había declarado que “si apreciamos alguna candidatura de ANV también fraudulenta, partiendo de una constancia del fraude, utilizaremos el mismo procedimiento que nos permitirá llegar a tiempo e impedir que se presente a las elecciones”.
Insistió en que la Ley de Partidos ha establecido claramente que es incompatible el apoyo a la violencia con la presentación a las elecciones, y recalcó que “las urnas y las armas no son compatibles entre sí”.