MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desestimó este jueves por unanimidad el recurso de alzada presentado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la multa de 300 euros que le impuso este órgano el pasado mes de junio en relación con la excarcelación de dos presuntos narcotraficantes turcos, uno de los cuales aprovechó esta circunstancia para huir.
El expediente contra Garzón fue incoado a principios de octubre de 2008 a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los dos presuntos 'narcos' turcos, que esperaban juicio por traficar con heroína. Tuvieron que ser excarcelados tras superarse su plazo máximo de prisión preventiva sin que éste fuera prorrogado por el juez.
Según el texto que fue discutido durante el Pleno celebrado hoy, en este caso pudo probarse la existencia de un error en la comprobación de las fechas de detención de los imputados, “y dicho error no es sino resultado de una insuficiente atención en el cumplimiento de una obligación básica y elemental (...) para detectar si habían transcurrido o no los plazos de prisión preventiva, mediante la adecuada comprobación de la fecha real de la detención”.
“La responsabilidad incumbe a quien ostenta la dirección del proceso, que es la de actuar con la diligencia que fuere precisa en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”, añade el escrito, que califica de “procedente y adecuada” la imposición de la multa al magistrado por cometer una falta de carácter leve.
Los dos narcotraficantes fueron excarcelados al haber caducado por unos días el plazo para prorrogar en dos años la situación de prisión preventiva en que se encontraban. Según fuentes próximas a Garzón, la detención del grupo de traficantes se produjo en dos días diferentes (10 y 18 de julio de 2006), si bien en la 'carpetilla' donde se archivaron las diligencias sólo se hizo constar la segunda fecha.
En el expediente que valoró el CGPJ en su día también constaba la explicación de lo sucedido por parte de Garzón, quien, tras informar de las circunstancias del caso, advirtió de que la denuncia de Manos Limpias se basó en una información periodística a la que reprochaba la “falta de datos relevantes”.
No obstante, el magistrado asumía que, en cuanto a titular del Juzgado, él es el único responsable de la situación de los presos preventivos. Igualmente, argumentó que desde la Fiscalía “en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo” y que las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos “en plazo y debidamente controlados”.