MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, no ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el auto del juez Luciano Varela, instructor de la causa contra el juez Baltasar Garzón por sus investigaciones del franquismo, en el que daba por concluida la fase de instrucción y acordaba “proceder” penalmente contra el magistrado.
Así, la suspensión cautelar del magistrado no consta, por el momento, en el orden del día del Pleno que el Consejo celebrará el jueves.
Según informaron a Europa Press fuentes del CGPJ, la comunicación oficial del Tribunal Supremo no había sido recibido en el registro del máximo órgano de gobierno de los jueces antes de su cierre, a las 18.30 horas. Para que el asunto entrase en el orden del día del Pleno del día 22, el auto debería haber sido remitido este lunes, es decir, al menos 72 horas antes del comienzo de la sesión plenaria.
No obstante, el Consejo podría estudiar el próximo jueves la suspensión del magistrado de la Audiencia Nacional si el documento llega entre este lunes y el jueves, aunque para ello se precisaría que todos los vocales aceptasen su inclusión en el orden del día.
En caso de que finalmente no se debata el próximo jueves, la suspensión del juez Garzón --contra quien hay tres causas abiertas en el Supremo-- tendría que esperar al próximo Pleno ordinario del Consejo, previsto para los días 19 o 20 de mayo.
Sin embargo, en cualquier momento podría convocarse un Pleno extraordinario para abordar este asunto, una vez que el Supremo notifique la resolución de Varela o en el supuesto caso de que el juez instructor dictara un auto de apertura de juicio oral. Para ello, bastaría con convocarlo con cinco días de antelación y con que contara con la aprobación del presidente del Consejo, Carlos Dívar.
La decisión de Varela debe ser comunicada al CGPJ por el presidente de la Sala de lo Penal, a petición del juez instructor. Una posibilidad, apuntada por las fuentes consultadas, es que el magistrado esté esperando a que su resolución sea firme, una vez resuelto el recurso de Garzón al auto de transformación en procedimiento abreviado.
No obstante, Varela también puede estar esperando a recibir los escritos de acusación de las tres partes querellantes --Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad-- y el informe de la Fiscalía, que no ha presentado acusación, y dictar un auto de apertura de juicio oral, que, esta vez sí, notificaría al Supremo.
Según indicaron las asociaciones de jueces, para estudiar la suspensión de Garzón bastaba el auto dictado el 7 de abril, en el que Varela concretaba que el delito cometido por el juez fue “la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación” y aseguraba que había lugar a “proceder” contra el magistrado.
De esta manera, se ajustaba a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judidial (LOPJ), que contempla la suspensión de un juez “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder” contra él.