El pleno del Congreso aprobó este jueves, con la oposición del PP y Coalición Canaria, la ley reguladora de derechos y deberes de la Guardia Civil, que reconoce el derecho de asociación de los miembros del instituto armado, si bien la mayoría de los grupos lamentaron las limitaciones establecidas a su ejercicio.
Así, esta ley orgánica -que recibió 183 votos a favor y 131 en contra y que ahora seguirá su tramitación en el Senado- articula el derecho de asociación para la negociación colectiva, pero mantiene la prohibición de que los guardias civiles lleven a cabo acciones de naturaleza sindical o política.
Además, los agentes del instituto armado podrán asistir a título personal a manifestaciones de carácter político, pero no convocarlas, según el texto aprobado este jueves, en el que se han introducido numerosas enmiendas respecto al presentado por el Gobierno.
Otros derechos establecidos en la ley se refieren al reconocimiento del pabellón asignado al guardia como domicilio habitual y, por tanto, inviolable; a la posibilidad de residir en un lugar distinto al de destino y a la obligación de comunicar con antelación a los agentes la jornada, el horario de trabajo y el régimen de turnos.
También se prohíbe la discriminación por razón de sexo u orientación sexual y se suprime la sanción de arresto, circunstancia ya contemplada en la ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil aprobada la semana pasada por el Congreso con la abstención del PP.
La diputada de este partido Alicia Sánchez Camacho justificó su oposición al texto aprobado en las “deficiencias técnicas” del mismo y en el hecho de que, en su opinión, el derecho de asociación “va más allá” de lo que su grupo cree que debería ser.
No obstante, Sánchez Camacho subrayó que el PP ha contribuido a mejorar el proyecto del Gobierno -del que dijo que fue presentado tarde “y bajo presión de los mismos miembros de la Guardia Civil”- con la introducción de numerosas enmiendas.
Su postura fue calificada de “incongruente” por la portavoz socialista, María del Carmen Sánchez, que acusó al PP de estar “a la derecha de la derecha” y de perder “una gran oportunidad”.
La Constitución entra por fin en los cuarteles de la Benemérita
Los portavoces del resto de los grupos destacaron los avances que la ley supondrá para los derechos de los guardias civiles, aunque admitieron que ellos hubieran ido más allá.
Así, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro se declaró “satisfecha” con el texto y dijo que después de 30 años “la Constitución entra en los cuarteles de la Guardia Civil. Entra de lado, pero entra”.
Navarro consideró “intolerable” que el Gobierno mantenga abiertos expedientes disciplinarios a varios guardias civiles que participaron en una protesta en Madrid el pasado mes de enero, y pidió su paralización.
Por su parte, el portavoz de CiU Josep Maldonado dijo que “no es una ley para tirar cohetes”, pero que en conjunto es positiva porque “dignifica” la vida laboral de los guardias civiles, aunque añadió que se queda “corta” en la cuestión del asociacionismo.
En la misma línea se pronunció el diputado del PNV Emilio Olabarria, que señaló que su voto favorable era un “sí sin entusiasmo” a pesar de los avances recogidos en la ley.
Olabarria destacó que las limitaciones establecidas al derecho de asociación pueden hacer “irreconocible” ese derecho en ciertas situaciones.
Por parte de ERC, Agustí Cerdá manifestó que se ha recorrido “un trecho importante” sin llegar adonde quería su grupo, y auguró nuevas reformas en próximas legislaturas para cerrar los “muchos flecos pendientes”.
También se pronunció a favor de la ley Francisco Rodríguez, del BNG, que la calificó de “positiva” y de “paso adelante”.
Por último, el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones votó en contra del texto después de que las cinco enmiendas que mantenía su grupo fueran rechazadas a pesar de haber admitido durante el debate los “avances significativos” recogidos en el texto.
Al término del debate, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que tanto el texto aprobado este jueves como la ley de régimen disciplinario “forman parte de un proyecto político de modernización de la Guardia Civil” que dota a ésta “de un horizonte de estabilidad del que sólo puede derivarse una consecuencia: la mejora de la seguridad y la libertad de los españoles”.