El Pleno del Tribunal Constitucional se reune este jueves por la mañana para estudiar con carácter monográfico el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut de Cataluña.
La convocatoria se mantiene a pesar de estar aún pendientes de resolución los recursos de súplica planteados tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto, puesto que la tramitación de estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la LOTC).
No obstante, fuentes del alto tribunal señalaron a Europa Press que no se descarta que, antes de entrar en el fondo del asunto, los magistrados prefieran esperar y aplacen su deliberación hasta la semana próxima, que es cuando está previsto que se resuelvan, previsiblemente rechazándolas, las pretensiones de Generalitat y el Parlament.
El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competencia.
Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes.
Ponencia
El contenido de la ponencia que tiene previsto someterse hoy a debate no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana.
Fuentes del TC señalaron a Europa Press que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.
Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma la semana pasada a un grupo de periodistas. Otras fuentes indican que puede que mañana los magistrados, lejos de entrar en el fondo de la cuestión, se limiten a discutir sobre las normas de votación del tribunal y su aplicación a este asunto.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del “bloque conservador”, Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término “nación” en el Preámbulo de la norma.
Nuevo intento
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo ni siquiera fue sometido formalmente a consideración.
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
Casas, junto con el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es una de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo.
El PSOE en el Senado manifestó su voluntad de no oponerse, en principio, a tomar en consideración a los dos candidatos propuestos por el PP para renovar el órgano (Francisco Hernando y Enrique López), aunque el pasado martes la Mesa del Senado descartó al segundo por no reunir los requisitos exigidos para el cargo.
La ponencia de Pérez-Vera fue apoyada, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra lo hicieron los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal.
En un tercer bloque “ideológico” se situarían Jiménez y sus compañeros del 'sector conservador' Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes (pese a que éste último había sido colocado siempre hasta ahora en el ala progresista), que habrían colaborado estrechamente en la elaboración del borrador que fue desechado el la última reunión que el Constitucional celebró sobre el Estatut el pasado día 19.