MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno no se plantea rebajar las nuevas tasas judiciales porque considera que permitirán “reorganizar” la administración de justicia y ampliar los supuestos en los que se podrá acceder al servicio de asistencia jurídica gratuita, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la Ley de Tasas, el Gobierno pretende reducir el “exceso de litigiosidad” a través de este mecanismo que en España está “muy debajo” de la media de la Unión Europea.
Por ello, ha rechazado rebajar el importe de las nuevas tasas tras la polémica generada y ha insistido en su necesidad, entre otras cosas para ampliar los umbrales que permiten acceder a la asistencia jurídica gratuita.
“El Gobierno respeta la valoración de los sectores, pero al Gobierno le corresponde tomar decisiones y al Parlamento aprobar las leyes oportunas”, ha aseverado antes de reconocer que estas medidas “no siempre son fáciles ni populares”. “Es habitual pedirle al Gobierno que haga cosas hasta que afecta a la que toca a su ámbito”, ha apuntado.
REPARTO DIFERENTE DE LOS COSTES
Sáenz de Santamaría ha explicado que quienes tienen acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas, así como de abogados y procurador, y ahora el aumento de las tasas permitirá ampliar los umbrales para acceder a este servicio.
Además, ha recordado que no todos los procesos judiciales implican el pago de tasas, del que están exentos por ejemplo los procesos penales o los de primera instancia en el procedimiento laboral. De la misma forma, en un procedimiento, el condenado es el responsable del pago de las tasas y todos los gastos ocasionados.
“Se trabaja por una reforma de la justicia en la que éste es un elemento para rebajar la litigiosidad, es una norma en conjunto”, ha subrayado la vicepresidenta, que ha aludido a “un reparto diferente” de los costes de la justicia. “Que quien no tiene recursos pueda litigar a costa de que quien los tiene pueda pagar”, ha resumido.