MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acordado en su reunión del Consejo de Ministros plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencia al Gobierno Vasco por su decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) en esta comunidad con el que pretenden evitar la reforma sanitaria impulsada por la ministra del ramo, Ana Mato.
El objetivo del Gobierno central es garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible, para lo que han decidido invocar la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que implicará la suspensión del Decreto una vez sea admitida a trámite la impugnación por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público “para todas las personas que residan en el País Vasco”, asegurando que estaban “amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera”.
Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta ahora que el decreto vasco pretende regular “cuestiones que corresponden únicamente al Estado y vulnera la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias”.
Además, entienden que de esta manera impide la aplicación práctica “en buena medida” de la reforma sanitaria de Mato en esta comunidad, que que establecería tanto un nuevo copago farmacéutico como la exención de la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, como los inmigrantes en situación irregular.
Sobre esto último, en una sentencia del 19 de junio de 2012 (recurso 2810-2009) el Alto Tribunal señaló que “la definición de quiénes pueden considerarse asegurados y en consecuencia tener acceso al Sistema Nacional de Salud, así como las concretas prestaciones sanitarias que deben ser garantizadas a todos ellos, por integrarse en la cartera común, permite establecer un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, el acceso a la sanidad por parte de todos los ciudadanos incluidos en el ámbito subjetivo de la norma, con independencia de su lugar de residencia”.