MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los portavoces parlamentarios de ERC, IU e ICV, formaciones que comparten grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, ratificaron su rechazo al decreto ley de medidas de ajuste que el Pleno de la Cámara votará este jueves y que consideran “insolidario e impresentable” con los más débiles y también en materia local, tras conocer “por sorpresa” que la norma prohíbe a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo a partir de 2011.
Los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Joan Herrera, aseguraron que pedirán la tramitación como proyecto de ley de la norma para corregirla, ya que está “llena de trampas”, como, a su juicio, supone la citada medida, si bien el portavoz de ERC, Joan Ridao, señaló que todavía no ha decidido “qué hacer” al respecto.
En este sentido, reveló que todavía no se ha puesto en contacto con la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ni con los representantes del Grupo Socialista sobre esta cuestión, y que le consta que el Ejecutivo tampoco se ha dirigido aún al resto de portavoces.
En cualquier caso, aseguró que ha conocido la restricción a los ayuntamientos “por sorpresa”, pese a que el sábado recibió por correo electrónico una copia del decreto. A su juicio, el Ejecutivo pretende presentar como “sanguijuelas insaciables” a los consistorios, cuando el responsable es el Ejecutivo, que aún no ha aprobado la nueva financiación local.
ERC EXIGE UN “MEA CULPA” DEL ESTADO CENTRAL
“Esta medida añade un poco más de contrariedad si cabe al voto negativo contra el decreto”, aseveró el dirigente republicano, quien acusó al Gobierno de hace descansar en los ciudadanos, el recorte de infraestructuras “y administraciones más débiles”, en alusión a los ayuntamientos, cuando el mayor “derroche” y déficit provienen del Estado central.
“¿Dónde está el mea culpa de Zapatero por su bazar electoralista y el sector público más ineficiente de la OCDE?”, planteó Ridao, quien aseguro que la pregunta es “dónde está el ajuste del sector público estatal”.
“PATO MAREADO” DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Por su parte, Llamazares, acusó al Gobierno de aplicar a los ayuntamientos un “corralito” como se hizo en su día en Argentina, de tal forma que se les niega la financiación necesaria, se les obliga a pagar antes a sus proveedores y encima se les impide funcionar a crédito.
Además, avisó al Gobierno de que con tanto “volantazo” se conduce “sin ningún tipo de seguridad y con peligro cierto de volcar”. “Más un pato cojo, que dicen en Estados Unidos, más bien es un pato mareado”, remachó.
Por su parte, Joan Herrera incidió en que la norma es “insolidaria e impresentable en materia local”, e imponen condiciones “draconianas” a los ayuntamientos. Asimismo, aseguro que es propio de un “gobierno de derechas”.