MADRID, 18 (OTR/PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso este jueves a la imputación del ex ministro de Defensa Federico Trillo en la causa que investiga la contratación del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles, argumentando que supondría “extender responsabilidades como una mancha de aceite sobre toda la Administración militar española”, informaron fuentes jurídicas. El presidente de la Asociación de víctimas se mostró en desacuerdo con esta petición, ya que, a su juicio, el es ministro podría haber evitado la muerte de esas 62 personas.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, defendió este planteamiento durante una vista a puerta cerrada celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en la que los abogados de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y de otro grupo de víctimas solicitaron la imputación de 15 altos cargos y militares que gestionaron o supervisaron la contratación del avión, entre los que se encuentra Trillo.
Burgos solicitó que se mantenga sin ninguna modificación la imputación de los cinco altos mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción, al considerar que no hay nuevos datos ni se han producido hechos diferentes a los ya conocidos que justifiquen ampliar el número de personas contra las que se dirige la acción penal.
Los dos principales imputados en la causa que investiga las posibles negligencias en la contratación del Yak-42 son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye “todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas”; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera “responsable de la contratación” del aparato.
El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
“TRILLO PUDO EVITAR 62 MUERTES”
Durante la vista, el letrado Leopoldo Gay reclamó que el actual coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP sea imputado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte, al considerar “impensable” que la cúpula del Ministerio, el Grupo de Control del Contrato del Yak-42 y el oficial de enlace de NAMSA, la agencia de la OTAN que intermedió en la adjudicación de este vuelo, no estuviera “al corriente” de las deficiencias que presentaban los aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética.
En este sentido, tanto Gay como Leopoldo Torres, abogado de otro grupo de víctimas, recordaron que existían quejas de los militares que habían tomado este tipo de aviones, preguntas parlamentarias e informes de inteligencia del Ejército de Tierra y del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV) que decían que “los pasajeros viajaban con la carga en la nuca”.
A las puertas de la Audiencia Nacional, el presidente de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Sencianes, aseguró que Trillo es “un ciudadano más que ha tenido mucho que ver” con el accidente y que “podría haber evitado la muerte de 62 personas”. “Han pasado siete años, las madres se van haciendo mayores y necesitan celeridad y el amparo de la justicia para que el juicio oral salga adelante”, afirmó.
El tribunal, formado por Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell, tendrá que decidir sobre dos recursos interpuestos contra el auto dictado el 20 de junio de 2008 por Grande-Marlaska, quien rechazó ampliar el número de imputados más allá de los cinco mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción.
NUEVAS IMPUTACIONES
En mayo de 2008, el juez se remitió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre la posible imputación de Trillo en esta causa, dada su condición de aforado en las Cortes Generales. La Sala Segunda le respondió que la petición no resultaba “procesalmente necesaria” debido a la falta de indicios de responsabilidad penal invocados por el instructor.
Además de Trillo, la principal asociación de familiares de las víctimas solicita la imputación de siete responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, entre los que se encuentran el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza; y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán Doña, que fue imputado en la causa sobre las identificaciones.
Por su parte, el grupo de familiares representado por Leopoldo Torres pide la imputación de 13 militares y civiles por un presunto delito de homicidio por omisión. Además de los tres mandos militares citados por la otra asociación, esta parte solicita el encausamiento de los tenientes generales Ángel Guinea, Manuel Estellés, Carlos Gómez Arruche y Juan Ortuño.
El Supremo confirmó ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres años de cárcel al general Vicente Carlos Navarro y a un año y medio a sus subordinados José Ramírez y Miguel Sáez por la identificación errónea de los cadáveres.