La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal de este órgano que desestime la recusación planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra el magistrado que instruye la causa abierta contra él por una presunta prevaricación al investigar los crímenes franquistas. Considera la petición carente de “fundamentación y justificación alguna” y recuerda a Garzón que la labor de Luciano Varela “implica, de alguna manera, una toma de partido procesalmente admisible”.
No obstante, fuentes de la Fiscalía señalaron a Europa Press que se está estudiando la interposición de un recurso contra la decisión del juez Varela de requerir a las acusaciones populares que rectificaran sus escritos iniciales de acusación por contener valoraciones y elementos ajenos al proceso. Si la Sala aceptara este recurso y apartara a Manos Limpias, la causa debería ser archivada, pues es la única parte que sostiene la acusación.
La Fiscalía recuerda en su escrito el interés directo en la causa que Garzón atribuye a Varela no existe en este caso, pues dicho interés se apreciaría si el juez pudiera obtener para sí o para una persona cercana, una ventaja objetivamente demostrable y causalmente ligada a una determinada resolución del pleito. “No parece ser ésta la situación del caso concreto”, afirma el Ministerio Público.
Decisiones desfavorables
Razona el fiscal que si la instrucción de los sumarios está encomendada al juez de instrucción, la actuación de este juez “necesariamente ha de estar impregnada de actos de investigación encaminados a la averiguación del hecho punible y de sus responsables, algunos de los cuáles, necesariamente, habrán de ser desfavorables al imputado, razón por la cual no puede considerarse que los mismos supongan pérdida de imparcialidad o toma de postura a favor de las partes acusadoras”.
Entenderlo de otra forma, según la Fiscalía, sería tanto como afirmar que la adopción de un auto de prisión o de medidas de investigación, tales como una intervención telefónica o una entrada y registro, que pueden repercutir negativamente en la situación procesal del investigado, supondrían automáticamente pérdida de la necesaria imparcialidad del instrucción y, por ello, la posibilidad de su recusación con éxito.
Concluye que si el titular del Juzgado de Instrucción número 5 entiende que, con alguna de sus decisiones, Varela manifestó un interés particular por las partes acusadoras o trató de favorecerlas, tal y como alegó en su escrito, “ha de mostrar su oposición por la vía ordinaria de los recursos o acudir al instrumento excepcional de la nulidad de actuaciones (...) pero no por la vía de la recusación, absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna”.
Por su parte, la acusación popular que ejercen Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad presentó este lunes un escrito oponiéndose a la recusación del instructor del caso al considerar que las decisiones de este magistrado no han hecho otra cosa que beneficiar a la defensa de Garzón.
El juez de la Audiencia Nacional acusaba al magistrado Varela de dar oportunidades atípicas y extraprocesales a las partes, mientras que Manos Limpias insiste en que el auto en el que se solicitó a este sindicato y a Falange Española y de las JONS (posteriormente expulsada del procedimiento) que enmendaran sus escritos entraba dentro de las atribuciones que le corresponden como juez instructor “a quien la ley le permite dar oportunidad de subsanar defectos formales”.