MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado se ha mostrado a favor del traslado del juez Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de encontrarse suspendido en sus funciones, al considerar que la labor que desarrollará en este organismo “no es de ningún modo jurisdiccional”, por lo que no conlleva “ningún tipo de inmunidad procesal”.
El CGPJ también recibió este martes el informe que había solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tras haber oído “in voce” a los instructores de las tres causas que se siguen contra Garzón, certifica que en ninguna de ellas “se han adoptado medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado”.
El informe del Ministerio Público “informa favorablemente” de la solicitud de servicios especiales solicitada por Garzón para incorporarse como asesor del fiscal del TPI, al entender que este traslado resulta “materialmente irrelevante” a los efectos de la finalidad perseguida por la medida cautelar de suspensión, en cuanto la actividad para la que se requiere “no comporta el efectivo ejercicio de jurisdicción”.
Tras recalcar que los hechos que se imputan a Garzón en el Tribunal Supremo en las causas sobre la Memoria Histórica, los cursos de Nueva York y las escuchas de la Gürtel no presentan, a su juicio, “caracteres de delito”, la Fiscalía recuerda que únicamente la suspensión definitiva de un juez puede afectar a la situación administrativa en que se encuentre, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“La Ley Orgánica del Poder Judicial no establece como consecuencia necesaria de la situación de suspensión provisional de un juez o magistrado la imposibilidad de que ésta cambie de situación administrativa y, por consiguiente, pueda ser declarado en servicios especiales”, sostiene el escrito antes de apuntar que la suspensión de funciones de Garzón es “provisional” y se prolongará exclusivamente “en función de la pendencia” de estos tres procedimientos.
“INOCENTE”, SEGÚN EL FISCAL
La resolución, que lleva la firma del teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, también destaca que no hay “obstáculo” para que el “magistrado suspenso” pueda pasar a la situación de servicios especiales en la medida en que ésta “no se oponga a la propia naturaleza cautelar o a la eficacia de la suspensión”, sea por resultar “incompatible” con el “apartamiento efectivo” del magistrado o bien por “obstaculizar objetivamente el normal desenvolvimiento del proceso penal del que dicha suspensión trae causa”.
En este sentido, la Fiscalía concluye que por “razones de coherencia” debe promover un criterio de interpretación normativa “especialmente restrictivo” en relación con todas aquellas medidas cautelares que, “aun no vulnerando ciertamente el principio de presunción de inocencia, determinen una limitación significativa y no absolutamente imprescindible de derechos de quien, más allá de tal presunción, ha sido considerado efectivamente inocente” por esta parte.
LA COMISIÓN PERMANENTE SE REÚNE ESTA TARDE
Estos dos informes se suman a los que ayer emitieron el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que considera “de interés” la presencia de Garzón en La Haya (Holanda), y la Fiscalía del propio Tribunal Penal Internacional, que defiende que la suspensión del juez no supone “ningún obstáculo” para el acceso del magistrado a un puesto de asesor en este departamento.
A falta del último informe, que debe ser elaborado por el propio órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente del CGPJ se reunirá esta tarde para estudiar los cinco documentos que ha recibido en las últimas horas y volver a estudiar la solicitud de traslado formulada por Garzón. Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la reunión de este órgano no se producirá antes de las 19.00 horas.