El juez Baltasar Garzón imputó este martes un delito de colaboración con la organización terrorista ETA y otro de asociación ilícita al presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Mirena Bereziartua, y a los miembros de este partido Alazne Arozena (apoderada) y Antxon Gómez Lorente (ex secretario general).
El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado esta medida en un auto en el que señala que los tres imputados, los primeros de ANV, “han dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables”, participando supuestamente “en la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna”.
La decisión de imputarles la adoptó Garzón al término de la vista celebrada para estudiar la posible suspensión de actividades de esta formación después de que el abogado de ANV, Iñigo Iruin, ex miembro de la Mesa Nacional de HB-Batasuna y abogado habitual de presos de ETA, alegara que no se pueden suspender las actividades de un partido sin antes imputar o procesar a sus responsables.
La imputación a estos tres responsables de ANV ha sido interpretada como el paso previo indispensable que debía acordar el juez para acordar la suspensión de actividades de este partido.
Por otra parte, el Tribunal Supremo, que tramita las demandas de ilegalización de ANV y PCTV, ha aprovechado que Beriziartua se encontraba en la Audiencia Nacional para notificarle estas demandas, ya que el pasado sábado se las notificó a Gómez Lorente, ex secretario general del partido, y éste comunicó al alto tribunal por medio de un burofax que no tenía ya ninguna responsabilidad en ANV.
No obstante, según fuentes jurídicas, esta dilación en la notificación de las demandas no afectará a las vistas de suspensión de actividades que celebrará el viernes la Sala del 61 del Supremo (medida que debe acordarse antes de la proclamación de las candidaturas el próximo lunes), sino a los plazos para la ilegalización, trámite que se prolongará más allá de las elecciones.
Aún así, Iruin anunció que estudia solicitar al Supremo que retrase las vistas de suspensión el viernes por no haber sido notificado su cliente de las demandas en tiempo y forma.
En el auto de imputación de los tres responsables de ANV, Garzón explica que la investigación sobre este partido se centra, por una parte, “en las presuntas vinculaciones de personas y estructuras” de ETA-Batasuna con las de ANV y, por otra, “en la averiguación de los mecanismos y vías de la posible financiación por parte de esta organización de actividades terroristas desarrolladas” por ETA-Batasuna-Ekin-Segi-Gestoras-Askatasuna.
El magistrado señala además que la investigación no descarta que algunos miembros de ANV hayan “dirigido y diseñado dichos mecanismos de financiación” y asegura que los tres imputados, los primeros en la causa de ANV, y “otros que en su momento se concretarán, han dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables”.
En la vista celebrada este martes en el Juzgado de Garzón, que el lunes celebró la de PCTV, partido que contaba ya con una decena de imputados por colaboración con ETA, la fiscal Dolores Delgado expuso que, según sentencias del Supremo sobre terrorismo islamista, “terroristas son los que nutren a las organizaciones terroristas” y considera que eso es lo ha hecho ANV, nutrir económica e ideológicamente a ETA-Batasuna.
“Me da igual que los fines sean políticos o religiosos. De hecho la fundamentación es la misma: matar a quien no piensa como tú”, resaltó la fiscal para rebatir los argumentos del abogado de ANV, Iñigo Iruin, quien acusó a la Fiscalía de haber dado un salto cualitativo al perseguir a una ideología.
El abogado aseguró en este sentido que de la investigación no se desprende ninguna relación de ANV con ETA y criticó que se utilice en el ámbito penal como prueba de esa relación la no condena de atentados.
A este respecto la fiscal matizó que ella no esgrime la no condena como prueba sino la justificación de actos terroristas que se ha producido en los últimos actos de ANV.
Según Delgado, que ha pedido que los tres responsables de ANV que han comparecido en la vista fueran acusados de un delito de integración en ETA, sostuvo que existe una vinculación clara entre ANV y Batasuna desde junio de 2007, coincidiendo con la ruptura del “alto el fuego” por parte de la banda terrorista.
En ese momento ANV “pasa a asumir las funciones de Batasuna”, según la fiscal, que explicó que no se ha podido instar a la suspensión de este partido, medida que calificó de “gravísima”, hasta la operación en la que fue arrestada la cúpula de Batasuna el pasado 4 de octubre en Segura (Guipúzcoa).
De este modo justificó por qué en otras dos ocasiones anteriores rechazó la celebración de la vista de suspensión de actividades de ANV que solicitaron las acusaciones personadas en esta causa Asociación Víctimas Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, que sostienen que las pruebas contra ANV ya existían desde 2005.
La fiscal, que cree que el tema de la financiación de Batasuna afecta más al PCTV porque ANV se ha dedicado a la representación institucional y política de la ilegalizada formación, también ha pedido al juez que acumule en un solo procedimiento las causas en las que investiga a la Mesa Nacional de Batasuna desarticulada en Segura (las diligencias 320), al PCTV (las 04) y a ANV (las 05).
Sin candidaturas “durmientes”
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó este martes que, al cierre del plazo para que los partidos que quieran ir a las elecciones presenten sus candidaturas, no hay ninguna formación ni agrupación electoral “durmiente” que se haya activado en las últimas horas con esa intención.
“No hay en es este momento ninguna sigla durmiente”, ha asegurado el ministro en declaraciones a los periodistas tras asistir al pleno del Consejo Superior de Tráfico, donde ha asegurado que tampoco “hay ninguna agrupación electoral que permitiera camuflar a la izquierda abertzale que no condena la violencia a la hora de ir a las elecciones”.
Pérez Rubalcaba ha señalado que los responsables de la izquierda abertzale que “apoyan políticamente” la violencia han dicho que van a pedir el voto nulo o en blanco en los próximos comicios, lo que, en su opinión, indica que “están prefigurando una suspensión” que él mismo no se atrevería a hacer “hasta que los tribunales lo hagan”.
“Pero están pensando en eso, en el supuesto de que los tribunales ilegalicen las siglas”, ha recalcado el titular de Interior.
El ministro ha insistido en que no hay ningún partido ni agrupación electoral que se haya activado en las ultimas horas “en un intento de presentarse a las elecciones en el supuesto de que los partidos, actualmente encima de la mesa de los jueces (PCTV y ANV), sean ilegalizados”.
Ha recordado además que hay dos vías jurídicas “en marcha” para la ilegalización del PCTV y ANV: la vía penal en la Audiencia Nacional y la vía de la Ley de Partidos en el Tribunal Supremo, y ha destacado que “todavía están sin resolver” y hay que esperar a que lo hagan.
PCTV-EHAK anuncia que recurrirá al Tribunal de Estrasburgo
Por su parte, representantes del PCTV-EHAK aseguraron este martes en Bilbao que están dispuestos a agotar todas las vías judiciales y que irán hasta el tribunal de Estrasburgo, y han afirmado que su posible ilegalización es un “guión” que “está escrito” y que responde a intereses políticos.
Así lo indicaron la portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, y su presidente, Juan Carlos Ramos, quienes han comparecido en rueda de prensa en Bilbao junto a la abogada de esta formación, Jone Goirizelaia, quien cree que la resolución que adopte el Tribunal Supremo el próximo viernes no será “diferente a la que pide el fiscal”.
Goirizelaia ha considerado que “no hay absolutamente ningún dato en todo el procedimiento, tanto en el campo penal como en el procedimiento administrativo -el que se sigue en el Tribunal Supremo-, que pueda llevar a los magistrados a dictar una resolución de suspensión del partido político EHAK”.
Ha matizado que lo que se presenta como datos para hacer esa petición “no se diferencia en absoluto a lo que ya existía en el procedimiento” hace tres años, y ha asegurado que no se trata de una cuestión jurídica porque “lo que se está pidiendo a los jueces es que revistan jurídicamente una decisión política”.
Erauskin ha denunciado que el único objetivo de este procedimiento es dejar al sector de la izquierda abertzale independentista fuera del mapa político y que se está siguiendo un “guión escrito por el Gobierno español del PSOE” con el respaldo del PNV.