“No son admisibles las amenazas más o menos veladas de los responsables del Gobierno de España sobre amonestaciones o intervenciones”
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado este martes que ha solicitado una reunión urgente con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para abordar la “priorización conjunta de objetivos” en este momento de dura crisis y ante el “ataque” al Estado de las autonomías que están suponiendo decisiones y medidas del Gobierno central que “vuelven a encaminarnos en una dirección” de debilitamiento del consenso constitucional sobre el modelo social y económico.
En rueda de prensa tras haber mantenido este martes una ronda de reuniones con los dirigentes de los sindicatos UGT-A y CC.OO-A y de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Griñán ha dado a conocer que este mismo martes ha remitido una carta al presidente en la que le pone de manifiesto, según consta en la misma, que la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) estableció unos objetivos de déficit “claramente lesivos para el conjunto de las comunidades y mucho más duros de los que se fijan para la Administración central”.
En la misiva, que ha sido distribuida a los medios de comunicación, el presidente también traslada a Rajoy que su Gobierno pretende cumplir el plan de estabilidad y que para ello está trabajando. No obstante, Griñán entiende que es importante la “priorización conjunta de objetivos”, lo que le ha llevado a solicitar estar reunión con el presidente, a quien también reitera que es imprescindible una convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.
El presidente ha insistido en reclamar un reparto más equitativo de los objetivos de déficit, aunque ha querido dejar claro que la Junta va a intentar “por todos los medios” cumplir con el 1,5 por ciento que se ha establecido para las comunidades autónomas, apuntando que también le gustaría que el Gobierno hubiera cumplido el 3,5, en lugar de subírselo al 4,5 por ciento.
En su opinión, la reunión del CPFF del pasado jueves fue un auténtico “trágala” y se dio un “peligroso paso atrás en el modelo de estado que nos dimos los españoles con la Constitución de 1978 y una ruptura del principio de lealtad institucional”.
Ha expresado su preocupación por que el Gobierno central haya convertido el CPFF, un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades, en un “órgano de imposición”, apuntando que no es admisible “ni el tono ni las formas ni el fondo”.
“No son admisibles las amenazas más o menos veladas de los responsables del Gobierno de España sobre amonestaciones o intervenciones”, ha sentenciado Griñán, para quien entre instituciones con legitimidad constitucional no cabe esa relación, sino que solo cabe la relación basada en el respeto y en la lealtad mutua.
En cuanto a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, ha indicado que vuelven a encaminarnos en la dirección de “debilitar el consenso constitucional sobre el modelo social y el modelo económico que establecimos en 1978”.
“Es tiempo para el diálogo y no para la imposición”, según Griñán, para quien el Gobierno de España quiere doblegar “de forma autoritaria a las comunidades, en especial a Andalucía, y alterar con ello el modelo constitucional”. Según ha relatado, lo está haciendo mediante decretos leyes y por la vía de la “asfixia financiera, negándonos lo que nos corresponde, no permitiéndonos el acceso al crédito, no aportando liquidez y marcando un objetivo de déficit injusto, nada equitativo e inalcanzable”.
Ha querido dejar claro que la Junta no está para aceptar “de forma resignada” el cambio de modelo que plantea el Gobierno y que representa “peor educación, peor sanidad y menos derechos”. “Nos exige a las comunidades lo que no quiere para la administración central”, según Griñán, para quien con este “ataque” al Estado de las autonomías, mediante la modificación del modelo territorial que estableció la Constitución, se está “poniendo en cuestión” igualmente el estado social y del bienestar.
Tras recordar que las comunidades son las responsables de prestar los servicios básicos, que han gestionado adecuadamente, José Antonio Griñán ha advertido de que si el Gobierno no les facilita o niega los medios para su prestación, “estará desvirtuando nuestro modelo de convivencia”.
A su juicio, en un momento difícil como el actual los representantes políticos debemos estar al lado de los ciudadanos intentando que esta crisis brutal les afecte lo menos posible y ha estimado que hay que combatir la idea de que para salir de crisis es necesario perder derechos y hacer recortes sociales. Ha considerado fundamental el diálogo social con sindicatos y empresarios para recuperar la economía y el empleo.
Ha querido dejar claro que Andalucía va a estar en vanguardia, como ya lo estuvo un 28 de febrero, de la defensa de un modelo social y territorial que representa la “mejor España, la de la igualdad de todos los españoles con independencia de donde vivan”.
“No vamos a tolerar que el Gobierno, apoyado en una mayoría absoluta cambie el modelo social y territorial y el modelo constitucional de convivencia”, según ha sentenciado Griñán, quien ha indicado que su Ejecutivo no dudará para ello a recurrir a medios legales y constitucionales.
En su opinión, el Ejecutivo nacional ha “sobrepasado el límite” y no resulta comprensible que el gasto del rescate a la banca se haya de compensar reduciendo la sanidad o la educación pública.
Asimismo, preguntado sobre si la Junta está preocupada por una posible “intervención” por parte del Estado, ha manifestado que esa es una buena pregunta para el Ministerio de Hacienda porque “a ninguna comunidad nos ha dicho nada de esto”. Ha indicado, en cualquier caso, que no ve ninguna razón para una posible intervención porque Andalucía tiene todas las variables económicas, presupuestarias y fiscales muy superior a la media, si bien es cierto que el Ejecutivo nacional, desde el pasado diciembre, estuvo “impugnando la estabilidad presupuestaria y fiscal” de esta tierra.
Ha insistido en que lo fundamental en este momento es la relación de mutua confianza que sirva para impulsar políticas que sepan resolver los problemas del desempleo y de falta de crecimiento económico.
De otro lado, preguntado sobre la decisión de su Gobierno de este martes de dejar sin efecto la eliminación de la paga adicional de julio para los empleados públicos, se ha limitado a señalar que hoy se ha decidido hacer efectiva la paga de julio, lo que dará lugar a un decreto ley que se llevará al Consejo de Gobierno cuanto antes. A partir de ahí, según el presidente, lo que sea el cumplimiento de los objetivos, los señalará la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.