El Juzgado de Instrucción número 3 (Bis) de Madrid ha aceptado la imputación solicitada por una acusación particular contra los controladores aéreos por un presunto delito de secuestro o detención ilegal de pasajeros provocado por el abandono de sus puestos de trabajo los pasados 3 y 4 de diciembre, que derivó en el cierre del espacio aéreo español.
Así lo confirmó este jueves el abogado de la acusación particular y afectado por el supuesto secuestro, Víctor Valladares, en los juzgados de Plaza Castilla, tras la declaración ante la juez del presidente de la Unión de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela.
“Esta detención ilegal no solo se limita a tres horas, sino también a todo el fin de semana”, afirmó Valladares, quien explicó que él y su acompañante estuvieron la tarde del 3 de diciembre tres horas encerrados dentro de un avión con destino a Düsseldorf que no llegó a despegar.
El abogado explicó que durante ese tiempo el pasaje no obtuvo información alguna por parte de la tripulación del avión de la compañía Ryanair, que debía despegar a las 17.15 horas. “Nos enteramos de lo que estaba pasando por la conexión a internet del móvil”, añadió.
En concreto, el abogado explicó que la acusación se dirige sólo contra los controladores aéreos que tenían turno la tarde del 3 de diciembre de 2010, cuando comenzó el abandono de las torres de control, en respuesta a la aprobación por parte del Gobierno del decreto que regula el descanso y jornada laboral del colectivo.
De esta forma, al procedimiento que se sigue contra los controladores se suma el presunto delito de secuestro a los ya conocidos de abandono del puesto de trabajo, sedición y coacciones.
“Actuaron como un grupo organizado”
“No es un grupo terrorista, evidentemente, pero es un grupo organizado”, señaló Valladares, quien explicó que por esta razón están acusando a los controladores de un presunto delito de secuestro en su variante agaravada al considerar que los controladores actuaron en connivencia para provocar el caos aéreo.
De esta forma, los acusados se enfrentarían a entre 2 y 4 años de cárcel más multa por responsabilidad civil por delitos contemplados en los artículos 163 y 567 del Codigo Penal.
Estos dos afectados presentaron su querella el pasado 11 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid la admitió a trámite en febrero y hace un mes se inhibió en favor del Juzgado de de Instrucción número 3 (bis) de Madrid creado para tramitar la causa contra los controladores abierta a raiz de la querella de la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo. El Ministerio Fiscal no se pronunció en contra de su adhesión.