El juez José Castro ha citado a declarar a la infanta Cristina como imputada por los delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales. En un auto hecho público este martes, el instructor del 'caso Nóos' fija para las 10 de la mañana del próximo 8 de marzo la fecha de la primera declaración ante un juez de un miembro de la familia real española, informaron fuentes jurídicas.
Castro toma esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto en todo momento a la citación de la hija del rey. El juez ya citó a la infanta el pasado mayo, pero la Audiencia Provincial rechazó esa declaración, al tiempo que animaba al instructor a seguir investigando. De la postura que adopte ahora la Audiencia Provincial depende ahora que a infanta termine sentada declarando ante Castro y las partes personadas en el caso Nóos.
La infanta Cristina poseía junto a su marido la sociedad Aizoon, a la que la investigación considera destinataria de fondos procedentes de la ONG Instituto Nóos, con la que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres consiguieron irregularmente más de 6 millones de euros de administraciones gobernadas por el PP. Con cargo a Aizoon se pagó parte de la reforma del palacete que la pareja compró en Barcelona.
El juez Castro ha redactado un auto de 227 páginas, absolutamente inusual para la citación de un imputado. Sin embargo, el magistrado alega que las resoluciones relacionadas con la infanta “precisan de cierta matización”. Se refiere a que si la Audiencia Provincial rechazó la primera citación, aquella decisión “obliga a una razonada respuesta”.
El juez considera “inadmisible” las peticiones realizadas en el marco del caso respecto a un “especial cuidado” al motivar la citación por tratarse de la infanta. Esta circunstancia, dice Castro, “nunca debe propiciar una diferencia en el trato judicial, siendo los personajes públicos quienes están llamados a observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras”.
Respecto a la negativa del fiscal Anticorrupción, Castro dice que no necesita de su apoyo para citar a la infanta porque llamarla a declarar no es igual que decidir, por ejemplo, su ingreso en prisión provisional o cualquier otra medida cautelar menos grave.
En lo que respecta al posible delito fiscal, Castro detalla cómo la infanta cargó a Aizoon gastos que nada tenían que ver con la actividad de la sociedad. Con ello podría haber obtenido rendimientos de la misma no declarados en la declaración del IRPF y, al tiempo, minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades. Esto genera, a su entender, “un doble efecto fiscal defraudatorio”.
El juez razona que aunque el administrador de Aizoon era Urdangarin, la infanta entregaba facturas a su marido de esos gastos personales para que las cargara a Aizoon, por lo que “no parece que a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto”.