PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
El ex presidente del Govern balear Jaume Matas está citado a declarar en calidad de imputado, a partir de las 9.00 horas, ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, quien interrogará al ex jefe del Ejecutivo sobre las decisiones que fueron adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear.
Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar la mujer del ex jefe del Ejecutivo balear, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de cuarenta imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).
La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la construcción y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato, una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía. Ahora, alejado de la vida política y social española - en la actualidad reside en Nueva York-, Matas deberá explicarse ante la justicia.
A tenor de las pesquisas realizadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de instruir el desfase económico en la ejecución del Palma Arena y su posible conexión con el incremento de bienes de Matas, atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión.
Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días. Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.
OPERACIÓN BUCKINGHAM
La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la calle Sant Felio de Palma, conocida como palacete, por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto “una dádiva o regalo en especie”.
Sin embargo, no sólo esta mansión ha sido objeto de investigaciones, ya que la Guardia Civil emitió un informe relacionado con un piso situado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid, que figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus y quien según el Instituto Armado sería testaferro de Matas. Pese a que según el documento la familia Matas paga oficialmente al mes 2.500 euros por el alquiler del inmueble, el ex presidente del Govern y su esposa serían los propietarios reales de la vivienda.
En el marco de estas investigaciones, conocidas como Operación Buckingham, efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
CASTRO JUDICIALIZA LAS ACTUACIONES
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su presunta relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro u opaco al fisco.
Ante este cúmulo de circunstancias, el 15 de octubre el juez comunicó a Matas su citación como imputado, cinco meses antes de la fecha prevista para su declaración, lo que a juicio de su abogado, Rafael Perera, “le causa un perjuicio innecesario” al considerar que durante los meses restantes para el interrogatorio Matas vería “en entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación”. En este contexto, el letrado rechazó “cuantas imputaciones pudiesen formularse” contra su patrocinado, al tener su origen en “informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas”.
Por su parte, uno de los letrados personados en el caso, Gregorio San José, solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre los bienes de Matas en el marco de este procedimiento, al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en las obras acabase engrosando el patrimonio del ex presidente. Ante esto, el juez desestimó la petición mediante un contundente auto donde considera el patrimonio del ex líder del PP “uno de los principales destinos” de los 50 millones de euros desviados en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas.
Entre algunas de estas supuestas irregularidades se encuentra la contratación 'a dedo' de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones, que se centran en averiguar el motivo por el que se rescindió el contrato al experto alemán y quién ordenó contratar a los dos hermanos. Los García-Ruíz aseguraron ante el juez que fue Matas quien les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
Asimismo, otro de los testimonios que implican al ex presidente es el arrojado por Jane King, la primera imputada del caso que se ha prestado a confesar de cara a lograr futuras atenuantes. La que fuese número dos de la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, aseguró ante el juez que cuando advirtió a Matas de que el coste de la infraestructura “se estaba disparando”, éste le respondió que “había que acabarlo como fuera”, escudándose en que la infraestructura debía estar finalizada para la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. Días después, su propia ex jefa de gabinete, Dulce Linares, aseveró que las decisiones “más importantes” adoptadas durante la construcción “venían avaladas por Matas”.