PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, instructor del caso Maquillaje, ha desestimado los dos recursos de reforma que interpuso la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, contra la fianza penal de 350.000 euros que le impuso ante un posible riesgo de fuga de la ex dirigente de UM, así como contra la caución civil de 2,6 millones que decretó por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso.
Así lo señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, que explicaron que de este modo el magistrado mantiene ambas fianzas contra la también ex presidenta del Consell al considerar, en uno de los dos autos dictados, que continúa existiendo la posibilidad de que la encausada se sustraiga de la acción de la justicia ante los delitos que se le imputan, mientras que en el otro estima proporcional y adecuada la fianza civil por la que Munar tuvo que designar sus bienes.
En concreto, sobre Munar pesan los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral.
Ambas fianzas fueron impuestas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras la declaración que efectuó el pasado 18 de marzo como imputada en el caso Maquillaje, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a productoras audiovisuales vinculadas a UM, y en la que negó las acusaciones que pesan sobre ella en el marco de este procedimiento.
En este sentido, rechazó de plano haber adquirido el 25 por ciento de acciones de Vídeo U, una de las productoras investigas y a la que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras era máxima responsable de la Institución paralelamente a su participación en la empresa, según las investigaciones. Así, aseguró no tener “ninguna participación directa, indirecta ni circunstancial con Vídeo U”, a la que el Consell adjudicó la puesta en marcha y explotación de Televisió de Mallorca.
De hecho, la imputada atribuyó las acusaciones a la voluntad del ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, de “congratularse con la Fiscalía” o para hacerle “daño político”, después de que Nadal confesase ante el juez que Munar le había entregado en su coche oficial 300.000 euros para comprar entre los dos, a través de sus supuestos testaferros, el 50 por ciento de la productora, hechos que posteriormente ratificó el presunto terstaferro de Nadal, Miquel Sard, y tres ex directivos de la productora.
El juez decretó, además de ambas fianzas, la retirada de su pasaporte, la prohibición de que abandone el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de que comparezca quincenalmente en dependencias judiciales.