El juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ha adoptado esta decisión en consonancia con la petición de las fiscales Anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura, que pidieron la imposición de estas medidas cautelares al considerar que Bárcenas cuenta con “un patrimonio muy relevante en el extranjero que conlleva un riesgo de fuga”.
A la petición de la Fiscalía Anticorrupción se adhirió el abogado del PP, Álexis Godoy, que ha tomado la palabra en la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que se ha celebrado tras la comparencia de Bárcenas, que ha durado casi tres horas, para asegurar que no se oponía a las medidas cautelares planteadas por las fiscales.
El abogado de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha eludido pronunciarse sobre esta solicitud y ha manifestado su conformidad, según las citadas fuentes, con las medidas cautelares que considerara oportunas el juez instructor. Por su parte, la Abogacía del Estado se ha adeherido a la petición del Ministerio Público.
En un comunicado, la Fiscalía señala que las medidas cautelares que ha solicitado al responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 son “idóneas, necesarias y proporcionadas para garantizar la sujeción del imputado al proceso y su eventual presencia en juicio”.
Petición de las acusaciones
El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), que ejerce la acusación popular, ha solicitado la retirada del pasaporte y que Bárcenas comparezca todas las semanas en la Audiencia Nacional, mientras que el Partido Socialista de Madrid (PSM), ha pedido que lo haga cada 15 días.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), por su parte, ha reclamado comparecencias judiciales semanales, el reto de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y la imposición de una pulsera de control telemático.
Bárcenas ha permanecido casi tres horas declarando ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le ha citado este lunes para explicar el origen de los 22 millones de euros que llegó a acumular en Suiza y las operaciones que presuntamente realizó para ocultar su patrimonio.
El extesorero, que sólo ha contestado a las declaraciones del juez, las fiscales y su abogado, ha justificado la legalidad de sus ingresos y ha aportado un documento, con logotipo del PP, en el que se refleja una lista de donaciones recibidas por esta formación entre 1999 y 2007 que alcanzarían los 33 millones de euros.