La jueza Alaya ha imputado en el caso de los ERE a una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la que fuera ministra de Fomento del Gobierno español y consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Alvarez (1994-2004); su viceconsejero, José Salgueiro (1990-2004); Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos y actual viceconsejero de Presidencia; así como altos responsables de las consejerías de Economía, Empleo e Innovación entre 2000 y 2012, como el viceconsejero de Empleo Justo Mañas.
Como anunció en el arranque de la investigación, Alaya había empezado la instrucción por el primer escalón de la pirámide y ahora está avanzando hasta imputar a altos cargos que podrían estar implicados durante la época en la que se desarrolló la presunta en la trama fraudulenta.
La jueza ha notificado a las partes personadas un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, en el que señala claramente que “ha llegado el momento de dar un paso cualitatativo en la instrucción” de los ERE y “determinar la participación en los hechos investigados de otras personas las cuales, en la ejecución de sus respectivas comptetencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencia de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando”.
Alaya parte de las transferencias de funaciación como las aportaciones dinerarias entre la Junta y otras administraciones o entes públicos, una figura “absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales”, algo que se hizo “al margen de su normativa reguladora, en la que se refiere la fiscalización previa por parte de la Intervención”.