El presidente balear, Jaume Matas, declaró este martes en el Parlament, a preguntas de la oposición, que su actuación en el caso Andratx ha sido “intachable y transparente” y aseguró que no está “dispuesto a que el comportamiento de unos pocos pueda poner en peligro la honradez y la honestidad del Govern”.
La portavoz nacionalista del Partit Socialista de Mallorca (PSM), Joana Lluïsa Mascaró, pidió a Matas “todas las explicaciones necesarias” y le recordó los casos Formentera y Bitel, tras lo que le espetó que era “hora de dimitir” y de devolver “la dignidad a la vida política de estas islas”.
Matas reconoció tener “toda la responsabilidad” en la incorporación al PP del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, pero añadió sobre su situación ante la Justicia que él “no está acusado de nada” y recriminó a Mascaró y a la portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que estén haciendo “campaña” con este caso.
Agregó que no ha tenido que “ocultar nada” de su entrevista con Hidalgo, dos días antes de que fuera detenido, y que este encuentro fue “a petición” del alcalde, como ha quedado constatado en el registro del Govern.
Al respecto, Armengol preguntó a Matas si había incitado al ex alcalde a “destruir papeles”, necesarios para la investigación judicial, el domingo, pocas horas después de su reunión y un día antes de detención.
En su diálogo con la portavoz socialista, Matas también manifestó que está “preocupado” por las presuntas actuaciones delictivas en los ayuntamientos, una situación que “es mala para todos”, por lo que pidió “tolerancia cero a la corrupción en cualquier partido político”.
“No sé cómo se puede ser tan cínico”, respondió a esta petición Armengol, quien indicó que para Matas una implicación judicial de un responsable político sólo está fundamentada si acarrea “prisión”.
En este sentido, indicó que, si no hubieran sido detenidos, Hidalgo continuaría siendo candidato del PP en Andratx y Jaume Massot seguiría ejerciendo de director general de Ordenación del Territorio, de igual modo que Antoni del Olmo prosigue como alcalde de Santa Margalida, pese a las sospechas que recaen sobre él.
Matas, al igual que había hecho anteriormente la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, preguntó al PSIB por qué había gobernado con Hidalgo y había dirigido, entre octubre de 2003 y mayo de 2005, la Concejalía de Urbanismo de Andratx.
Además de Matas y Cabrer, otros tres miembros del Govern -la vicepresidenta, Rosa Estarás; el portavoz, Joan Flaquer, y el conseller de Interior, José María Rodríguez- respondieron en esta sesión a preguntas formuladas por el PSIB, el PSM y EU-EV (Esquerra Unida-els Verds).
Estos grupos, en la oposición, utilizaron todas sus intervenciones en este punto del orden del día para inquirir al Ejecutivo sobre su actuación en el “caso Andratx”.
Flaquer consideró suficientes las decisiones del Govern para asumir las responsabilidades políticas por este caso, en respuesta al diputado de EU-EV Miquel Ramon, y añadió que el Ejecutivo no permitirá que los representantes de la oposición “usurpen las funciones de la Justicia” para determinar quién es corrupto.
El diputado socialista Antoni Alemany cifró en 236 los informes elaborados por Massot en la Dirección General de Ordenación del Territorio -número elevado por su compañero de grupo Joan Boned “a más de 300”-.
Alemany estimó que algunos de estos informes han permitido, según expuso, la conversión de terrenos rústicos en urbanizables.
Estarás y Cabrer indicaron que la cantidad de informes firmados por Massot como director general es mucho menor y la consellera de Obras Públicas recordó que el Govern no tiene “competencias decisivas” sobre urbanismo, pues éstas son ejercidas por ayuntamientos y consells insulares.
Boned recriminó que, pese a no desempeñar estas competencias el Govern, intervenga por medio de un gabinete externo, con sede en Madrid, en la gestión urbanística de Andratx y señaló, que por su responsabilidad en este caso, Cabrer debe dejar de ocupar su cargo como consellera.
El también socialista Antonio Diéguez acusó al Govern de haber iniciado una “ofensiva” contra la Guardia Civil y la Fiscalía en lugar de actuar contra la corrupción.
A ello Rodríguez respondió que es el PSOE el que procede de este modo, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el indulto del alcalde de Carboneras, responsable de la construcción de un hotel en primera línea de costa en el Cabo de Gata (Almería).