Así, en el artículo 3 del texto se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la “ilegitimidad” de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, “por motivos ideológicos o políticos”, condenas o sanciones.
Se declaran “ilegítimas”, asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República. Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos. Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
“Hay que restañar las heridas, todas las heridas”
El PSOE e IU-ICV se felicitaron por el acuerdo y, mientras el portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, y en especial al PP, para que se incorporen al pacto, el líder de IU, Gaspar Llamazares, reconoció que, aunque no han llegado a “la nulidad judicial, estamos prácticamente a las puertas”. López Garrido indicó que “hay que restañar las heridas, todas las heridas” de quienes fueron perjudicados por “un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil”.
Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, no lo ve así y consideró que el acuerdo alcanzado sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica supone “enterrar definitivamente la transición democrática” y derriba el “pilar fundamental” de la reconciliación entre los españoles. Zaplana criticó a López Garrido por callar que la nueva redacción del proyecto de ley elimina la “equidistancia” entre republicanos y sublevados, lo que, según su interpretación, supone que “solamente se repare el daño de unas víctimas y no de otras víctimas”.
“Identifican a buenos y malos”, alertó Zaplana, quien comparó a estos dos partidos con el franquismo, porque su conducta es propia de las “dictaduras”. “Al final adolecen y pecan de los mismos vicios que la dictadura”, insistió.
El PCE también se mostró en contra del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, y su presidente, Felipe Alcaraz, indicó que el pacto “traiciona el espíritu” de su partido y supone una “declaración de inmunidad del franquismo”. A su juicio, “volvemos a la frustración, a una nueva oportunidad perdida y al sentido del pacto de silencio, de amnistía tácita” respecto a la dictadura.
El portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto. Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la “anulación” de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.