El PSPV interpondrá un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados, al considerar que los hechos investigados en relación con el 'caso Gürtel' no son constitutivos de delito.
Además, pide que se “diriman responsabilidades políticas” ya que consideró al jefe del Consell “responsable de mentir en las Corts de forma reiterada, sistemática, deliberada y consciente”.
De esta forma se pronunció el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en la rueda de prensa que ofreció este lunes tras conocer la decisión del TSJCV de sobreseer la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
Alarte mostró su “respeto” al auto, así como a la “actuación de los magistrados de la Sala y a su valoración jurídica”, aunque matizó que no la comparte. Por ello, indicó que ya ha dado “instrucciones” a los letrados de la formación para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo puesto que, según indicó, “el TSJCV dice que los hechos son racionales y la realidad de los hechos no se cuestionan, son los que son”.
En este sentido, aseveró que “los magistrados del TSJCV consideran que no hay delito pero los hechos no los han desmontado”, entre los que comentó que “Camps ha recibido regalos no precisamente de una serie de industriales respetables de nuestra Comunitat, sino que ha recibido regalos y ha permitido que parte de sus gastos personales se los pagaran un grupo de empresas que pertenecen a una trama de corruptos, algunos de ellos ya en prisión”.
“Camps ha estado ampliamente relacionado, vinculado y estrechamente conectado, y en algunos casos con relación de amistad, con miembros de esa trama corrupta”, manifestó el responsable socialista, quien apuntó que “a un presidente de la Generalitat le es exigible velar para que su Gobierno no contrate con ese tipo de gente ni facilite ese tipo de actividades”.
Asimismo, consideró “exigible” al jefe del Consell “que no mienta deliberadamente y que, ante un problema, aplique transparencia, taquígrafos, luz, sede parlamentaria, facilidades a la oposición para el ejercicio de sus funciones y respuesta democrática”.
No obstante, lamentó que en la Comunitat, “lo único que encontramos es siempre lo mismo: menos transparencia que en ningún otro sitio, presión permanente sobre los mecanismos de control democrático, una televisión pública vergonzante y falta de control parlamentaria”, además de la “ética de la no responsabilidad política, da igual lo que pase y lo que se haga”.
Amistad con De la Rúa
El líder del PSPV rechazó valorar la supuesta relación de amistad entre el presidente Camps y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, e insistió en el “respeto a las actuaciones” de la Justicia y añadió que no tiene “ninguna prueba encima de la mesa sobre una actuación incorrecta por parte de ninguno de los magistrados del TSJCV”.
Preguntado por el voto particular emitido por uno de los magistrados de la Sala que entiende que la decisión del sobreseimiento del procedimiento debe acordarse sólo respecto de Ricardo Costa, Alarte considera que “se ha explicado bastante bien” ya que “no estamos ante una resolución de fondo, donde se aclare si se han cometido o no determinados hechos, sino ante una valoración jurídica sobre unos hechos que no se discuten” y que, además, “han sido calificados por el propio auto como racionales y, por tanto, viables desde el punto de vista táctico”.
Valoración política
También realizó una valoración “estrictamente política” en la que aseveró que “Camps nos ha mentido y así lo ha dejado claro hoy la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV”. Para el dirigente socialista, “las responsabilidades políticas son evidentes, están claras, y los hechos en que se fundamentan también”.
Según lamentó, “no hay un delito para determinar qué pasa cuando el presidente de la Generalitat miente a las Corts y al conjunto de la sociedad”, pero --añadió-- “las responsabilidades políticas se miden y se medirán”, independientemente de “cual sea su situación procesal”.
También le acusó de “haber consentido que su Gobierno contratara hasta ocho millones de euros con una empresa que pertenece a la trama Gürtel” y “de haber estructurado un sistema de funcionamiento entre el PP, la Generalitat y la empresa Orange Market, de Álvaro Pérez”.
Por ello, espera que “estas responsabilidades políticas se diriman”. En este sentido, resaltó que el presidente de la Generalitat “tiene pendiente un pleno en las Corts para explicarse” y lamentó que “siempre dijo” que lo haría “cuando los tribunales avanzaran” pero “nunca encuentra suficiente”.