MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha advertido este viernes de que irá “hasta las últimas consecuencias” para demostrar que hubo espionaje en la Comunidad de Madrid, después de que el jueves la juez Carmen Valcarce acordara el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso del espionaje'.
La magistrada ha tomado esta decisión al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior “de forma principal a actividades ajenas a la función pública”, y al considerar que no concurren “indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación”.
Tras mantener una reunión con empresarios para presentar su plan turístico, el líder de los socialistas madrileños ha explicado que el PSM va a recurrir la sentencia, que los servicios jurídicos ya están trabajando en ello, y que “el lunes o el martes a más tardar” la presentarían en los juzgados.
Y es que, según ha señalado, “no están de acuerdo” con la decisión de la jueza, “ya que si llevan más de un año investigando para demostrar lo que ya todos saben, ahora se ha entrado a debatir si se ha financiado o no con el dinero público, ya que lo que ha quedado claro es que ha habido espionaje”.
En este sentido, ha indicado que “parece casualidad” que cuando aparece la declaración “de alguien que es esencial, la primera persona que pone sobre la pista cómo se financia con fondos públicos el espionaje, la señora Laviana, no se permite que vaya a testificar y se cierra el caso”.
De esta manera se ha referido a la aparición hace un mes del testimonio de Yolanda Laviaba, ex mujer del ex director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y ha añadido que el PSM “va a acudir a instancias judiciales superiores y va a pedir la declaración” de Laviana, “que arrojará luz acerca de lo que ya todos saben, que es la financiación pública del espionaje”.
Según Gómez, cometer espionaje “ya es suficiente para que se tomen responsabilidad políticas, pero si se ha pagado con dinero público es cuestión de justicia social”, por lo que ha insistido en que van a ir “hasta las últimas consecuencias y a demostrar esta financiación pública del espionaje” llevado a cabo en la Comunidad de Madrid.