MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comparecerá el día 29 ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar el recorte salarial aprobado por el Gobierno para los funcionarios públicos, que verán reducido su sueldo un 5% como promedio a partir de este mismo mes de junio.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo, De la Vega comparece a petición propia de y los grupos parlamentarios para detallar la aplicación del plan de ajuste del Ejecutivo --que prevé recortes de 15.000 millones de euros en 2010 y 2011-- “en el ámbito de las retribuciones de los funcionarios públicos”.
La rebaja salarial de los funcionarios oscilará entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional y afectará a todo el personal de todas las Administraciones Públicas.
Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%. Todas estas medidas se aplicarán a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre --sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre--. Tras este recorte, los salarios públicos quedarán congelados en 2011.
El decreto-ley de recortes aprobado por el Gobierno en mayo anuló el acuerdo salarial que la propia vicepresidenta había firmado en 2009 con los sindicatos de la función pública y que preveía una subida salarial del 0,3% en 2010.
ANTES DE RECORTAR SECRETARÍAS DE ESTADO
La comparecencia de la vicepresidenta se producirá previsiblemente antes de que el Gobierno lleve a cabo la segunda fase de su plan de racionalización de la Administración General del Estado y de reducción de altos cargos, la que debería afectar a los secretarios de Estado. El Gobierno pospuso esta medida hasta el mes de julio, una vez haya terminado el semestre de presidencia española de la UE, al igual que la posible supresión de altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
No obstante, De la Vega sí tendrá ocasión de explicar en el Congreso las acciones ya adoptadas para reducir los gastos de los ministerios y para racionalizar la estructura de la Administración central, en el marco del plan de austeridad que prevé reducir el déficit hasta el 3 por ciento del PIB en 2013.
Dentro del plan de austeridad global, el Gobierno aprobó el pasado 30 de abril la supresión de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas de las 106 con participación mayoritaria del Estado, con un ahorro estimado de 16 millones de euros.
Entre los 32 altos cargos suprimidos, --casi un 10% de los 343 existentes--, entre los que se encuentran una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos con rango de dirección general, al mismo tiempo que se crea una nueva dirección general que viene a sustituir a las dos suprimidas en el Ministerio de Igualdad.